CHILEAN ELECTRICITY LAW


REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE MINERIA

APRUEBA MODIFICACIONES AL D.F.L. Nº4 DE 1959 ,

LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS,

EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE . Lunes 13 De Septiembre de 1982 Nº31.366


Santiago, 22 de Junio de 1982.- Hoy se decretó lo que sigue:

D.F.L. Nº1.

Visto:

La Ley Nº18.091 del 31 de Diciembre de 1981, cuyo artículo 11 otorgó facultades al Presidente de la República para establecer las bases, procedimientos y normas a que deberán ajustarse las tarifas máximas que podrán cobrar las empresas eléctricas de servicio público, como asimismo para revisar y modificar las disposiciones legales referentes a energía eléctrica, su producción, distribución y concesiones.

Considerando:

  1. La circunstancia de que el D.F.L. Nº4 de 1959, llamado Ley General de Servicios Eléctricos, contempla en su texto normas referentes no sólo a electricidad propiamente tal sino a telecomunicaciones;
  2. La necesidad de regular de manera orgánica las materias a que se refiere el artículo 11º, inciso primero de la Ley Nº18.091 de 1981.

Vengo en dictar el siguiente Decreto con Fuerza de Ley:

Artículo 1º. La producción, el transporte, la distribución, el régimen de concesiones y tarifas de la energía eléctrica y las funciones del Estado relacionadas con estas materias se regirán por la presente Ley.



TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2º. Están comprendidas en las disposiciones de la presente Ley:

1.- Las concesiones para establecer:

  1. Centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica.

Los derechos de aprovechamiento sobre las aguas terrestres que se destinen a la producción de energía eléctrica, se regirán por las disposiciones del Código de Aguas;

b) Subestaciones eléctricas;

c) Líneas de transporte de la energía eléctrica.

  1. Las concesiones para establecer, operar y explotar las instalaciones de servicio público de distribución.
  2. Los permisos para que las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica no sujetas a concesión puedan usar y/o cruzar calles, otras líneas eléctricas y otros bienes nacionales de uso público.

4. Las servidumbres a que están sujetos;

a) Las heredades, para la construcción, establecimiento y explotación de las instalaciones y obras anexas que posean concesión, mencionadas en los números 1 y 2 de este artículo;

  1. Las postaciones y líneas eléctricas, en aquellas partes que usen bienes nacionales de uso público o heredades haciendo uso de las servidumbres que se mencionan en la letra anterior, para que personas distintas al propietario de esas instalaciones las puedan usar en el tendido de otras líneas o para el transporte de energía eléctrica o para que las Municipalidades puedan hacer el alumbrado público.
  2. El régimen de precios a que están sometidas las ventas de energía eléctrica.

6. Las condiciones de seguridad a que deben someterse las instalaciones, maquinarias, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales eléctricos de toda naturaleza y las condiciones de calidad y seguridad de los instrumentos destinados a registrar el consumo o transferencia de energía eléctrica.

7. Las relaciones de las empresas eléctricas con el Estado, las Municipalidades, otras entidades de servicio eléctrico y los particulares.

Artículo 3º. No están sometidas a las concesiones a que se refiere el artículo anterior:

a) Las centrales productoras de energía eléctrica distintas de las señaladas en la letra a) del Nº1 del artículo precedente;

b) Las líneas de distribución que no sean de servicio público;

c) Las líneas de distribución destinadas al alumbrado público de calles, caminos, plazas, parques y avenidas - en adelante alumbrado público -; sean estas establecidas por la Municipalidad, o por cualquier otra entidad, incluyéndose las empresas distribuidoras de servicio público que tengan a su cargo el alumbrado público en virtud de un contrato con las respectivas Municipalidades.

Artículo 4º. Las concesiones enumeradas en los números 1 y 2 del artículo 2º de esta Ley, serán provisionales o definitivas.

La concesión provisional tiene por objeto permitir el estudio de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la concesión definitiva.

Las concesiones provisionales no constituyen un requisito previo para obtener la concesión definitiva y tampoco obligan a solicitar esta última.

No obstante lo anterior, las instalaciones que se mencionan en el Nº1 del artículo 2º podrán, asimismo, instalarse sin solicitar concesión, cuando el interesado así lo desee.

Artículo 5º. El Presidente de la República, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y cumpliendo las normas establecidas en el decreto ley 1.939 de 1977, podrá administrar y disponer de terrenos fiscales con la finalidad de que en ellos se efectúen instalaciones de obras eléctricas. Para estos efectos no regirán las limitaciones de plazos que señala ese cuerpo legal para arrendar o conceder en uso estos inmuebles.

Artículo 6º. No estarán sometidas a las disposiciones de la presente Ley las concesiones de ferrocarriles eléctricos.

Artículo 7º. Es servicio público eléctrico, el suministro que efectúe una empresa concesionaria de distribución a usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, o bien a usuarios ubicados fuera de dichas zonas, que se conecten a las instalaciones de la concesionaria mediante líneas propias o de terceros.

Las empresas que posean concesiones de servicio público de distribución sólo podrán destinar sus instalaciones de distribución al servicio público y al alumbrado público.

Artículo 8º. No se considerarán de servicio público: los suministros efectuados desde instalaciones de generación y transporte, la distribución de energía que hagan las Cooperativas no concesionarias, o bien la distribución que se realice sin concesión.

Artículo 9º. La aplicación de la presente Ley corresponderá al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por conducto de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la Superintendencia , sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Energía, en adelante la Comisión, a las Municipalidades y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 10º. Los reglamentos que se dicten para la aplicación de la presente Ley indicarán los pliegos de normas técnicas que deberá dictar el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción previa aprobación de la Comisión. Estos pliegos podrán ser modificados periódicamente en concordancia con los progresos que ocurran en estas materias.

Artículo 11º. Las concesiones definitivas serán otorgadas mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , por orden del Presidente de la República. Las concesiones provisionales serán otorgadas mediante resolución de la Superintendencia .

Artículo 12º. Los permisos enumerados en el Nº3 del artículo 2º serán otorgados por las Municipalidades, con excepción de aquellos que deban otorgarse de conformidad con el D.F.L . 206 de 1960 del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 13º. Las concesiones eléctricas sólo podrán otorgarse a ciudadanos chilenos y a sociedades constituidas en conformidad a las leyes del país. Sin embargo, no podrán otorgarse concesiones eléctricas a sociedades en comandita por acciones.

Artículo 14º. Las concesiones eléctricas otorgan el derecho a imponer las servidumbres a que se refiere el número 4 del artículo 2º del presente cuerpo legal .

La constitución y ejercicio de las servidumbres, se regirán por las normas contenidas en el capítulo V "De las servidumbres", del Título II, de este cuerpo legal.

Artículo 15º. Las concesiones se otorgarán sin perjuicio del derecho de tercero legalmente establecido con permiso o concesión, y en lo que ellas no prevean, estarán sometidas a las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 16º. Las concesiones de servicio público de distribución otorgan el derecho a usar bienes nacionales de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución en la zona de concesión. La distribución de electricidad a usuarios ubicados en una zona de concesión sólo podrá ser efectuada mediante concesión de servicio público de distribución, con las siguientes excepciones:

1. Los suministros a usuarios no sometidos a regulación de precios, indicados en los artículos 90º y 91º de la presente Ley;

2.- Los suministros que se efectúan sin utilizar bienes nacionales de uso público;

3.- Los suministros que se efectúan utilizando bienes nacionales de uso público mediante permisos otorgados previamente al establecimiento de una concesión.

4.- Todo otro suministro que se efectúe mediante un contrato que acuerden directamente las partes, incluidos los concesionarios.

Artículo 17º. Podrá solicitarse otras concesiones de servicio público de distribución por una parte o la totalidad del territorio de concesiones de este tipo ya otorgadas. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción podrá otorgarla de acuerdo a los procedimientos que establecen los artículos 24º y siguientes, imponiendo al nuevo concesionario las mismas obligaciones y derechos que otorgó al primero en el territorio que será compartido.

Artículo 17º bis. Las cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica que operen como concesionarias de servicio público de distribución, podrán distribuir sin limitaciones de volumen electricidad a quienes no tengan la calidad de socios, en su zona de concesión.

En la explotación de tales concesiones, las cooperativas de que trata este artículo no gozarán de franquicias tributarias o de otras de cualquier índole, que tuvieren por su condición de cooperativas.





C A P I T U L O II

DE LAS CONCESIONES DE CENTRALES HIDRÁULICAS PRODUCTORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

DE LÍNEAS DE TRANSPORTE, DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN.

Artículo 18º. La solicitud de concesión provisional deberá presentarse a la Superintendencia (3). En la solicitud se indicará:

a) La identificación del peticionario;

b) La clase de concesión que solicita y el servicio a que estará destinada;

c) En el caso de centrales hidroeléctricas, además de su ubicación y potencia, se indicarán los derechos de aprovechamiento de agua que posea o esté tramitando el peticionario y, si procede, el trazado y capacidad de los acueductos, la ubicación y capacidad de los embalses y estanques de sobrecarga y de compensación que se construirán para la operación de la central;

d) En el caso de líneas de transmisión y de distribución, su trazado y la ubicación de las subestaciones, con indicación de los caminos y calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que sea necesario atravesar;

e) Una descripción de los trabajos relacionados con los estudios, que se ejecutarán durante el período de la concesión provisional y los plazos para la iniciación de éstos, para su terminación por secciones o para su terminación total;

f) Un plano general de las obras y una memoria explicativa de las mismas;

g) Un presupuesto aproximado del costo de las obras.

Artículo 19º. Toda solicitud de concesión provisional será publicada una sola vez, por cuenta del interesado, en el Diario Oficial el día 1 ó 15 del mes, o día hábil siguiente si aquellos fueran feriados, después que un extracto de la misma haya sido publicado por dos veces consecutivas en un diario de circulación nacional y previa comunicación al Ministerio de Bienes Nacionales en el caso de afectar terrenos fiscales.

Dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación en el Diario Oficial, los dueños de las propiedades que ocuparen o atravesaren las obras proyectadas, u otros interesados, podrán formular a la Superintendencia los reclamos en aquello que los afecte. La Superintendencia pondrá al solicitante en conocimiento de los reclamos para que los conteste en un plazo máximo de treinta días.

El Superintendente resolverá fundadamente acerca de las solicitudes de concesiones provisionales, en un plazo máximo de noventa días contado a partir de la publicación de la solicitud en el Diario Oficial, previa autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, si corresponde de acuerdo a las disposiciones de los D.F.L. Nº4 de 1967, Nº7 de 1968 y Nº83 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores. La resolución que dicte será reducida a escritura pública.

Artículo 20º. En la resolución de concesión provisional, que será publicada por la Superintendencia en el Diario Oficial, se fijará:

a) El plazo de la concesión provisional;

b) La descripción de los trabajos relacionados con los estudios que se autorizan y las fechas para la iniciación y terminación de los mismos.

Los plazos de las concesiones provisionales no podrán exceder de dos años, pudiéndose solicitar nuevamente la concesión provisional siguiendo el procedimiento del artículo 18º. No obstante en caso de otorgarse nuevamente la concesión provisional, el afectado podrá exigir una indemnización por ocupación permanente de los terrenos para los cuales se otorgó el permiso.

Artículo 21º. La resolución de concesión provisional otorga al concesionario el derecho para obtener del Juez de Letras de Mayor Cuantía respectivo el permiso para practicar o hacer practicar en terrenos fiscales, municipales o particulares, las mediciones y estudios que sean necesarios para la preparación del proyecto definitivo de las obras comprendidas en su concesión. El mismo Juez determinará, cuando los afectados lo soliciten, las indemnizaciones a que tienen derecho por los perjuicios que les provocaren los permisos referidos en sus predios o heredades.

Artículo 22º. Las concesiones provisionales caducarán de pleno derecho si el interesado no redujere a escritura pública la resolución de concesión provisional dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 23º. Las concesiones provisionales no limitarán la facultad del Superintendente para otorgar, en carácter provisional, otras de la misma naturaleza en igual ubicación.

Artículo 24º. La solicitud de concesión definitiva se presentará al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción .

Podrá solicitarse la concesión definitiva sin que sea necesaria la concesión provisional previa.

En la solicitud se indicará:

  1. La identificación del peticionario;

b) La clase de concesión que se solicita y el servicio a que estará destinada;

c) Un plano general de las obras y una memoria explicativa de las mismas;

  1. En el caso de centrales hidroeléctricas, su ubicación y su potencia. Se indicará el derecho de agua que posea el peticionario y, si procede, el trazado y capacidad de los acueductos, la ubicación y capacidad de los embalses y estanques de sobrecarga y de compensación que se construirán para la operación de la central.

Se deberá acompañar además, los planos de las obras hidráulicas autorizadas por la Dirección General de Aguas de acuerdo al Código respectivo, quedando asimismo la construcción y aprovechamiento de las obras hidráulicas regidas por el Código de Aguas. Las servidumbres necesarias para llevar a cabo estas obras se otorgarán de acuerdo a las disposiciones de esta Ley o del Código de Aguas, según corresponda;

  1. En el caso de líneas de transporte, de distribución y subestaciones se indicará su ubicación, con indicación de los caminos, calles y otros bienes nacionales de uso público que se ocuparán, y de las propiedades fiscales, municipales y particulares que se atravesarán;

f) Los plazos para la iniciación de los trabajos y su terminación por etapas, secciones y la terminación total de las obras;

g) Un presupuesto del costo de las obras;

h) Los planos especiales de las servidumbres que se impondrán;

i) Las líneas eléctricas u otras obras e instalaciones existentes que puedan ser afectadas por las obras nuevas;

j) El plazo de la concesión;

k) En el caso de la concesión para servicio público de distribución se indicará la zona de concesión, que como mínimo será una franja circundante de 100 metros, respecto de cada línea eléctrica según lo dispuesto en el artículo 29º .

Artículo 25º. Si dos o más peticionarios sean o no concesionarios provisionales solicitaren concesión definitiva por alguna de las concesiones a que se refiere el artículo 2º, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción realizará una licitación pública por los derechos de concesión en el área relacionada con estos peticionarios. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción , determinará a cuál o cuáles de ellos deberá otorgarse concesión definitiva.

Artículo 26º. Los planos presentados que contemplen las servidumbres serán puestos por la Superintendencia en conocimiento de los afectados. En los casos de heredades se notificará por intermedio de la Intendencia, Gobernación, Municipalidad o Juzgado de Letras competente, según lo solicite el interesado. Cuando se trate de bienes fiscales, la Superintendencia lo comunicará directamente al Ministerio de Bienes Nacionales.

Los afectados tendrán treinta días de plazo a contar de la fecha de la notificación, para que formulen las observaciones y oposiciones que fueren del caso.

No obstante, con el fin de agilizar la notificación indicada en el inciso anterior, los interesados podrán entregar a la Superintendencia una certificación extendida por Notario y debidamente firmada por los afectados, en que conste haberse puesto en conocimiento de éstos los planos de las servidumbres referidas. Los afectados tendrán en este caso un plazo de treinta días contado desde la fecha de la notificación, para formular ante la Superintendencia las observaciones y oposiciones que fueren del caso.

Artículo 27º. La Superintendencia pondrá en conocimiento del interesado las observaciones de los afectados para que éste pueda efectuar modificaciones al proyecto.

Artículo 28º. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción , previo informe de la Superintendencia , y con la autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, si corresponde de acuerdo a las disposiciones de los D.F.L.. Nº4 de 1967, Nº7 de 1968 y Nº83 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores, resolverá fundadamente acerca de la solicitud de concesión definitiva, en un plazo máximo de ciento veinte días a contar de la fecha en que se efectuó la solicitud. El informe de la Superintendencia se pronunciará sobre las observaciones y oposiciones que hayan formulado los afectados por las servidumbres.

El decreto de otorgamiento que contendrá las indicaciones de las letras a) y siguientes del artículo 24º, y la aprobación de los planos de servidumbres, deberá ser reducido a escritura pública por el interesado antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 29º. Cuando se trate de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, el decreto de concesión definitiva fijará los límites de la zona de concesión.

La zona mínima de concesión comprenderá una franja de cien metros circundantes a todas las líneas existentes de la empresa, sean aéreas o subterráneas.

Los concesionarios podrán solicitar a la Superintendencia permiso para efectuar extensiones provisorias de sus líneas de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Capítulo III "De los permisos municipales". La Superintendencia podrá otorgar dichos permisos por un plazo máximo de un año; debiendo, en el intertanto, el interesado solicitar la respectiva concesión.

Artículo 30º. Las concesiones definitivas se otorgarán por plazo indefinido.

Artículo 31º. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29º, las concesiones posteriores que se otorguen para ejecutar obras que complementen o amplíen las de primera instalación, pasarán a formar parte de ésta.

Artículo 32º. Las empresas que posean concesiones eléctricas estarán obligadas a aceptar empalmes entre sí, de acuerdo con la reglamentación que dictará el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción .

Artículo 33º. La construcción de las obras de una concesión deberá ejecutarse con sujeción a los planos presentados, salvo modificaciones menores que no cambien fundamentalmente el proyecto, comunicadas previamente a la Superintendencia .



C A P I T U L O III

DE LOS PERMISOS MUNICIPALES

Artículo 34º. Los permisos señalados en el número 3 del artículo 2º, deberán solicitarse a la Municipalidad respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12º y 29º de este cuerpo legal.

Artículo 35º. La solicitud de permiso será publicada en el Diario Oficial, después de un extracto de la misma haya sido publicado en un diario de circulación nacional. Ambas publicaciones serán de cargo del interesado.

La Municipalidad resolverá fundadamente sobre la solicitud presentada, previa consulta a la Superintendencia acerca de las concesiones de distribución en el área, y previa autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado si corresponde de acuerdo a las disposiciones de los D.F.L. Nº4 de 1967, Nº7 de 1968 y Nº83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 36º. El plazo de los permisos será fijado por la Municipalidad y no podrá exceder de treinta años. Podrá solicitarse su renovación, dentro de los últimos cuatro años anteriores al vencimiento del permiso.

Artículo 37º. La Municipalidad mediante decreto fundado podrá suspender o dejar sin efecto un permiso de uso que haya otorgado, de acuerdo a este Capítulo, cuando compruebe que en su ejercicio no se cumple con cualquier disposición de esta Ley o de sus reglamentos.



C A P I T U L O I V

DE LA CADUCIDAD, TRANSFERENCIA Y EXTINCION DE LAS CONCESIONES

Artículo 38º. Las concesiones definitivas de servicio eléctrico caducarán, antes de entrar en explotación:

1. Si el concesionario no redujere a escritura pública el decreto de concesión;

2. Si no se iniciaren los trabajos dentro de los plazos señalados;

3. Si no se hubiesen ejecutado por lo menos los dos tercios de las obras dentro de los plazos establecidos y no mediare fuerza mayor.

La caducidad será declarada por el Presidente de la República mediante decreto supremo fundado.

Artículo 39º. En los casos de caducidad previstos en el artículo anterior, el ex concesionario podrá levantar y retirar las instalaciones ejecutadas. Cuando estas instalaciones ocupen bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en virtud de servidumbres constituidas, el retiro deberá hacerse dentro del plazo y en las condiciones que fije la Superintendencia , en conformidad a los reglamentos.

Artículo 40º. El Presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá declarar caducadas las concesiones de servicio público de distribución que se encuentren en explotación:

a) Si la calidad del servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en esta Ley o en sus reglamentos, o a las condiciones estipuladas en los decretos de concesión, a no ser que el concesionario requerido por la Superintendencia mediante tales situaciones en los plazos que ésta exija;

b) Por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46º de la presente Ley.

Artículo 41º. Producida alguna de las causales señaladas en el artículo 40º de la presente Ley, el Presidente de la República ordenará a la Superintendencia intervenir la concesión de servicio público de distribución y determinará quién se hará cargo de la explotación y administración provisional del servicio.

Artículo 42º. Si el Presidente de la República declarara caducada una concesión de servicio público de distribución, dispondrá la licitación de los bienes afectos a ella.

Esta licitación deberá verificarse dentro de un plazo no mayor de un año.

En las bases de la licitación se establecerá principalmente;

a) Las obras de reparación y mejoramiento de las instalaciones que deberán ejecutarse y las adquisiciones de elementos que deberán hacerse;

b) Los plazos dentro de los cuales deberán iniciarse y terminarse las obras de reparación y mejoramiento, y hacerse las nuevas instalaciones, y

c) El depósito de garantía para participar en la licitación y que no podrá ser inferior al 10% del valor de todos los bienes y derechos afectos a la concesión, según tasación que hará la Superintendencia.

Artículo 43º. La licitación se anunciará por una vez en el Diario Oficial y por medio de avisos repetidos por lo menos dos veces en un diario de circulación nacional. En caso de no haber interesados se llamará nuevamente a licitación, para lo cual podrán modificarse las bases establecidas anteriormente.

Artículo 44º. Del valor de la adjudicación se deducirán todos los gastos en que se hubiere incurrido y el saldo se entregará al propietario de la concesión caducada.

En caso de existir acreedores hipotecarios, prendarios o de cualquier otra naturaleza, el saldo resultante a que se refiere el inciso anterior, será depositado en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de turno en lo Civil del Departamento de Santiago.

Los acreedores hipotecarios, prendarios o de cualquier otra naturaleza y los actores de los juicios pendientes o que se promovieren, relativos al dominio o cualquier otro derecho sobre los bienes afectos a la concesión, no podrán oponerse por ningún capítulo a que se efectúe la licitación y, reconocidos sus derechos, se pagarán con el saldo resultante antes mencionado; sin perjuicio de las demás acciones que pueden legalmente ejercitar los acreedores en contra del propietario de la concesión caducada.

Artículo 45º. Cuando sea declarada la caducidad de una concesión por la causal del Nº3 del artículo 38º, el Presidente de la República, si lo estimare conveniente para el interés general, podrá disponer que la concesión sea enajenada en licitación pública.

Se seguirán en este caso las disposiciones pertinentes de los artículos 42º, 43º y 44º . En tal caso, entre las obligaciones del licitante se incluirá la obligación de terminar las obras de la concesión, dentro del plazo que se fije en el decreto que ordene la licitación.

Artículo 46º. Sin la previa autorización del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , oída la Superintendencia , no se podrá transferir las concesiones de servicio público de distribución, o parte de ellas, sea por enajenación, arriendo, fusión, o bien por cualquier otro acto según el cual se transfiera el dominio o el derecho de explotación.

No obstante lo anterior, las transferencias que operen en virtud del traspaso de la concesión de una persona natural a otra jurídica de la cual aquélla sea asociada, o de la transformación, absorción o fusión de sociedades, sólo requerirán autorización de la Superintendencia (3), que deberá comunicarse a la Comisión.

En cualquier caso de transferencia y siempre que ésta sea autorizada conforme a los incisos precedentes, el adquirente deberá cumplir con todas las condiciones que esta Ley fija para ser concesionario, dentro del plazo de seis meses.

El Presidente de la República podrá declarar la caducidad de una concesión por infracción a lo establecido en el presente artículo. En este caso la concesión y sus bienes afectos serán transferidos mediante licitación pública en la forma prevista en los artículos 42º, 43º y 44º .



C A P I T U L O V

DE LAS SERVIDUMBRES

Artículo 47º. Todas las servidumbres que señalen los decretos de concesiones eléctricas definitivas se establecerán en conformidad a los planos especiales de servidumbres que se hayan aprobado en el decreto de concesión.

Artículo 48º. Las concesiones de centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica crean en favor del concesionario las servidumbres de obras hidroeléctricas, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 49º. Las servidumbres a que se refiere el artículo anterior otorgan los siguientes derechos:

1.- Para ocupar los terrenos que se necesitan para las obras;

2.- Para ocupar y cerrar hasta en una extensión de media hectárea los terrenos contiguos a la bocatoma, con el fin de dedicarlos a construir habitaciones de las personas encargadas de la vigilancia y conservación de las obras, y a guardar los materiales necesarios para la seguridad y reparación de las mismas;

3.- Para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para embalses, vertederos, clarificadores, estanques de acumulación de aguas, cámaras de presión, cañerías, centrales hidroeléctricas con sus dependencias, habitaciones para el personal de vigilancia, caminos de acceso, depósitos de materiales y, en general, todas las obras requeridas para las instalaciones hidroeléctricas.

Artículo 50º. Las concesiones de líneas de transporte, subestaciones y de servicio público de distribución crean en favor del concesionario las servidumbres:

1.- Para tender líneas aéreas o subterráneas a través de propiedades ajenas;

2.- Para ocupar los terrenos necesarios para el transporte de la energía eléctrica, desde la central generadora o subestación, hasta los puntos de consumo o de aplicación;

3.- Para ocupar y cerrar los terrenos necesarios para las subestaciones eléctricas, incluyendo las habitaciones para el personal de vigilancia.

Artículo 51º. Los propietarios de líneas eléctricas estarán obligados a permitir el uso de sus postes o torres para el establecimiento de otras líneas eléctricas, y el uso de las demás instalaciones necesarias para el paso de energía eléctrica, tales como líneas aéreas o subterráneas, subestaciones y obras anexas. Esta obligación sólo es válida para aquellas líneas que hagan uso de servidumbre a que se refiere el artículo 50º y las que usen bienes nacionales de uso público como calles y vías públicas, en su trazado .

Quienes deseen hacer uso de esta servidumbre estarán obligados a observar las reglas siguientes:

1. Si las instalaciones y sus obras complementarias que deseen utilizar tuvieren capacidad suficiente para soportar este uso adicional, el interesado en imponer este permiso deberá indemnizar a su propietario por sus costos de inversión, a prorrata de la potencia máxima transitada por el interesado respecto de la potencia máxima total transitada por todos los usuarios de dichas instalaciones y obras.

El interesado, en caso necesario, aumentará la capacidad de las instalaciones, a su costa, y según las normas e instrucciones del dueño de éstas, debiendo siempre indemnizar a éste, por sus costos de inversión, a prorrata de la potencia máxima transitada por el interesado respecto de la potencia máxima total transitada por todos los usuarios de dichas instalaciones y obras.

Las instalaciones y obras complementarias, principales y de respaldo, que deben considerarse para el cálculo de la indemnización serán todas aquéllas necesarias para mantener una adecuada seguridad y calidad del servicio .

2. El interesado deberá concurrir proporcionalmente a los gastos de mantención y operación de las instalaciones que usen en común;

3. Si el dueño de las instalaciones varía el trazado o ubicación de ellas o bien las desconecta cuando los trabajos lo hagan necesario, el interesado no podrá oponerse y serán de su cargo los gastos que estos cambios le originen. Sin embargo, el dueño de las instalaciones deberá avisar al interesado con sesenta días de anticipación, por lo menos, de los cambios y trabajos que proyecte efectuar;

4. Todo otro perjuicio que se produjere en la instalación existente con motivo de la constitución de la servidumbre de paso, será de cargo del interesado;

5.

Artículo 51º A. En caso de sistemas eléctricos en los cuales se efectúe la regulación de precio de nudo a que se refiere el número 1 del artículo 96º, las servidumbres de paso de energía eléctrica que se originen por la interconexión a estos sistemas de centrales generadoras se regirán, además, por las disposiciones complementarias consignadas en los artículos 51º B al 51º E siguientes. No obstante, estas disposiciones no serán aplicables cuando las partes convengan condiciones distintas .

Artículo 51º B. Cuando una central generadora esté conectada a un sistema eléctrico cuyas líneas y subestaciones en el área de influencia de la central pertenezcan a un tercero, se entenderá que el propietario de la central hace uso efectivo de dichas instalaciones, independientemente del lugar y de la forma en que se comercializan los aportes de potencia y energía que aquélla efectúa y, por consiguiente, debe pagar los correspondientes peajes a su dueño.

Se entenderá por área de influencia el conjunto de líneas, subestaciones y demás instalaciones del sistema eléctrico, directa y necesariamente afectado por la inyección de potencia y energía de una central generadora .

Artículo 51º C. El uso a que se refiere el artículo anterior da derecho al propietario de las líneas y subestaciones involucradas a percibir una retribución constituida por el ingreso tarifario, el peaje básico y, cuando corresponda, el peaje adicional.

El ingreso tarifario es la cantidad que percibe el propietario de las líneas y subestaciones involucradas por las diferencias que se produzcan en la aplicación de los precios de nudo de electricidad que rijan en los distintos nudos del área de influencia respecto de las inyecciones y retiros de potencia y energía, en dichos nudos.

El monto del peaje básico es la cantidad que resulta de sumar las anualidades correspondientes a los costos de operación, de mantenimiento y de inversión en las líneas, subestaciones y demás instalaciones involucradas en un área de influencia, deducido el ingreso tarifario anual señalado en el inciso anterior. A este efecto, dicho ingreso se estimará para un período de cinco años, sobre la base de los precios de nudo vigentes a la fecha de determinación del peaje, en condiciones normales de operación esperadas. El peaje básico se pagará a prorrata de la potencia máxima transitada por cada usuario, respecto de la potencia máxima total transitada por todos los usuarios incluido el dueño de las líneas, subestaciones y demás instalaciones referidas .

Artículo 51º D. El pago de las anualidades del peaje básico dará derecho al propietario de la central generadora a retirar electricidad, sin pagos adicionales, en todos los nudos del sistema ubicado dentro de su área de influencia.

Asimismo, le dará derecho a retirar electricidad, sin pagos adicionales, en todos los nudos desde los cuales, en condiciones típicas de operación del sistema, se produzcan transmisiones físicas netas hacia el área de influencia.

Las transmisiones netas, para estos efectos, se definen como la transmisión media de energía a lo largo de un año calendario. Este derecho subsistirá en tanto se mantenga la transmisión neta hacia el área de influencia .

Artículo 51º E. Si el propietario de la central desea retirar electricidad en otros nudos, diferentes a los señalados en el artículo 51º D, deberá convenir peajes adicionales con el propietario de las líneas y subestaciones involucradas. Asimismo, le concederá derecho a retirar electricidad, sin pagos adicionales, en todos los nudos desde los cuales en condiciones típicas de operación del sistema se produzcan transmisiones físicas netas hacia los nudos cubiertos por los peajes adicionales. Este último derecho subsistirá en tanto se cumpla la condición de transmisión neta señalada .

Artículos 51º F. El cálculo de las indemnizaciones y de los peajes básico y adicional a que se refieren los artículos 51º, 51º C, 51º D y 51º E, así como sus correspondientes fórmulas de reajuste, deberán ser propuestos por el propietario de las líneas y subestaciones involucradas al interesado en constituir servidumbre sobre las mismas. La proposición será acompañada de un informe detallado en el que se justifique el valor de los peajes que se proponen. Esta proposición y su correspondiente informe serán presentados al interesado dentro de los sesenta días siguientes a la respectiva solicitud destinada a obtener un acuerdo sobre el valor del peaje. Este plazo será de treinta días en el caso de los peajes adicionales.

El interesado podrá formular observaciones a la proposición y a su informe dentro de los treinta días siguientes a la presentación de éstos.

Dentro de este mismo plazo el interesado podrá solicitar aclaraciones a la proposición o al informe y requerir antecedentes adicionales necesarios para efectuar su estudio y para formular las observaciones pertinentes.

Efectuado el requerimiento, el propietario tendrá un plazo no superior a diez días para presentar las aclaraciones o antecedentes adicionales, término en el que se ampliará el plazo de treinta días con que cuenta el interesado para formular sus observaciones.

Si el interesado no formulare observaciones en el antedicho plazo de treinta días o en la ampliación de éste, en su caso, se entenderá que acepta la proposición del propietario y el valor de los peajes será el contenido en ella.

Formuladas las observaciones por el interesado, las partes contarán con un plazo de treinta días para convenir el monto de los peajes por las servidumbres y su reajustabilidad. Transcurrido este plazo sin que se logre acuerdo, cualquiera de ellas podrá solicitar la fijación de estos montos y su reajustabilidad al tribunal arbitral que se establece en el artículo 51º G.

Acordado por las partes o fijados por el tribunal arbitral los montos de los peajes y su reajustabilidad, éstos regirán por un período no inferior a cinco años, o por el término superior que aquéllas acuerden.

En todo caso, tratándose de instalaciones de transmisión pertenecientes a integrantes del organismo de coordinación de la operación o centro de despacho económico de carga a que se refiere el artículo 91º, sus propietarios deberán calcular los valores nuevos de reemplazo y los costos de operación y mantenimiento aplicables al cálculo de peajes, en los distintos tramos de tales instalaciones, y tenerlos a disposición de las entidades generadoras e interesados a que les sean aplicables. El primer listado de costos a que se refiere este inciso deberá completarse, a más tardar, el día 1º de abril de 1990, y deberá actualizarse con una periodicidad máxima de 5 años. En el intertanto deberán contemplarse fórmulas que permitan reajustar sus valores en función de índices representativos de los costos de transmisión. Para determinar la anualidad de las inversiones comprometidas en líneas, subestaciones y demás instalaciones involucradas se considerará el valor nuevo de reemplazo de todas ellas; su vida útil, la que no podrá ser inferior a 30 años, y una tasa de actualización igual a la última que se hubiere utilizado para el cálculo de los precios de nudo a que se refiere el artículo 99º de esta ley.

Si el interesado se desiste de constituir servidumbre sobre las líneas y subestaciones, serán de su cargo el costo de los estudios, aclaraciones y demás antecedentes adicionales que debió efectuar o entregar el propietario de tales líneas y subestaciones. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el interesado, al momento de requerir la proposición e informe, deberá acompañar la boleta bancaria de garantía o vale vista por una suma equivalente a cien unidades de fomento .

Artículo 51º G. Toda controversia que surja entre el propietario de las líneas y subestaciones involucradas y cualquier interesado en constituir una servidumbre o quien hace uso de ellas o entre estos últimos entre sí relacionada con servidumbres de paso de energía eléctrica y, en particular las dificultades o desacuerdos referidos a la constitución, determinación del monto de peajes y sus reajustes, proposición y antecedentes que debe proporcionar el propietario en conformidad al artículo 51º F, el cumplimiento, validez, interpretación, terminación y liquidación de convenios o fallos arbitrales relacionados con estas servidumbres, serán resueltos por un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros arbitradores designados, uno por cada una de las partes, y un tercero, que deberá ser abogado, elegido por los dos primeros de común acuerdo, y en caso de desacuerdo, por la justicia ordinaria.

El tribunal arbitral actuará en calidad de arbitrador y fallará en única instancia.

Para constituir el arbitraje cualquiera de las partes notificará a la otra a través de un notario público, su voluntad de iniciar el juicio arbitral señalando en la misma comunicación el nombre del árbitro que designe y la fecha y lugar en que deberán reunirse los árbitros designados por las partes con el fin de elegir el tercer árbitro. Esta reunión no podrá celebrarse en un plazo inferior a 10 ni superior a 20 días y se llevará a efecto en el oficio de un notario público del domicilio del notificado a la convocatoria.

El tribunal arbitral adoptará sus acuerdos por simple mayoría y emitirá su fallo dentro de los 180 días siguientes a la fecha de designación del tercer árbitro, plazo que podrá ampliarse solamente hasta por 30 días.

Los costos del arbitraje serán pagados por mitades entre las partes. Los árbitros, antes de asumir el cargo, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 52º. Cuando existen líneas eléctricas en una heredad, el propietario de ésta podrá exigir que se aprovechen las existentes cuando desee constituirse una nueva servidumbre sobre su propiedad.

La Superintendencia, oídos los interesados, resolverá si el nuevo concesionario debe aceptar esta obligación, la cual será cumplida en las condiciones que establece el artículo 51º .

Artículo 53º. Los edificios no quedan sujetos a las servidumbres de obras hidroeléctricas ni de líneas de transporte y distribución de energía eléctrica.

Los corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios, quedan sujetos sólo a la servidumbre de ser cruzados por líneas aéreas de distribución de energía eléctrica de baja tensión, pero están exentos de las demás servidumbres que establece la presente Ley. El trazado de estas líneas deberá proyectarse en forma que no perjudique la estética de jardines parques, huertos o patios del predio.

El propietario del predio atravesado por las líneas que desee ejecutar construcciones debajo de ellas, podrá exigir del dueño de las líneas que varíe su trazado. En este caso las obras modificatorias serán de cargo del dueño del predio.

No obstante lo establecido en los incisos anteriores, cuando se trate de centrales hidráulicas productoras de energía de 25.000 o más kilowatts de potencia, los edificios, corrales, huertos, parques, jardines o patios que de ellos dependan estarán sujetos a la servidumbre de acueducto y de las obras hidroeléctricas. Pero a petición del propietario deberá efectuarse la expropiación parcial o total del predio sirviente.

Artículo 54º. Las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica, podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establezcan los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

Artículo 55º. El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de inspectores y trabajadores debidamente identificados para efectuar trabajos de reparación, bajo la responsabilidad del concesionario a quien dichas líneas pertenecen. Asimismo, el dueño del predio sirviente estará obligado a permitir la entrada de los materiales necesarios para estos trabajos. El Juez, a solicitud del propietario del suelo, regulará, atendidas las circunstancias, el tiempo y forma en que se ejercitará este derecho.

La resolución del Juez que regule el ejercicio del derecho a que se refiere el inciso anterior será apelable en ambos efectos, y el Tribunal de Alzada deberá pronunciarse sobre ella, dentro de los quince días siguientes al ingreso de los autos en Secretaría, hayan o no comparecido las partes.

Artículo 56º. El dueño del predio sirviente no podrá hacer plantaciones, construcciones ni obras de otra naturaleza que perturben el libre ejercicio de las servidumbres establecidas por esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3º del artículo 53º . Si infringiere esta disposición no sus plantaciones o arboledas crecieren de modo que perturbaren dicho ejercicio, el titular de la servidumbre podrá subsanar la infracción a costa del dueño del suelo.

Artículo 57º. Si no existieren caminos adecuados para la unión del camino público o vecinal más próximo con el sitio ocupado por las obras, el concesionario tendrá derecho a las servidumbres de tránsito por los predios que sea necesario ocupar para establecer el camino de acceso.

Artículo 58º. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción podrá imponer en favor de los concesionarios la servidumbre de ocupación temporal de los terrenos municipales o particulares para el establecimiento de caminos provisorios, talleres, almacenes, depósito de materiales y cualesquiera otros servicios que sean necesarios para asegurar la expedita construcción de las obras.

Las servidumbres de ocupación temporal se establecerán mediante el pago de la renta de arrendamiento y de la indemnización de los daños, perjuicios y deterioros de cualquier clase que puedan irrogarse en el terreno ocupado. En el caso que no se produjere acuerdo entre las partes, tanto la renta de arrendamiento como las indemnizaciones correspondientes serán fijadas por el juez en juicio sumario.

Artículo 59º. Todos los derechos concedidos en los artículos 49º, 50º y 51º, se ejercerán plenamente, sin perjuicio de las acciones judiciales que hubiere pendientes.

Artículo 60º. Se podrá autorizar la servidumbre temporal de postación en casos calificados por la Superintendencia , la que estará también autorizada para fijar en cada caso el monto de pago correspondiente.

Artículo 61º. Las gestiones para hacer efectivas las servidumbres deberán iniciarse en cada caso dentro de los seis meses siguientes a la fecha de reducción a escritura pública del decreto de concesión definitiva que hubiere aprobado los planos correspondientes, so pena de caducidad del derecho otorgado para imponer la servidumbre.

Artículo 62º. Si no se produjere acuerdo entre el interesado y el dueño de los terrenos sobre el valor de éstos, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción designará una comisión compuesta de tres Hombres Buenos para que, oyendo a las partes, practique el avalúo de las indemnizaciones que deben pagarse al propietario del predio sirviente. En este avalúo no se tomará en consideración el mayor valor que puedan adquirir los terrenos por las obras proyectadas.

El honorario de la comisión de Hombres Buenos será de cargo del interesado, y será fijado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción .

Artículo 63º. La comisión de Hombres Buenos deberá reunirse en días y horas que determine la Superintendencia , bajo el apercibimiento de una multa de una Unidad Tributaria Mensual, en adelante UTM, en caso de inasistencia y respecto de cada uno de los inasistentes.

Artículo 64º. Practicado el avalúo por la comisión de Hombres Buenos, será entregado a la Superintendencia, la cual pondrá una copia debidamente autorizada por ella, en conocimiento de los interesado y de los afectados, mediante carta certificada.

Artículo 65º. El valor fijado por la comisión de Hombres Buenos, más el veinte por ciento de que trata el artículo 69º será entregado al propietario y, en caso de que éste se encontrare ausente o se negara a recibirlo, será depositado en la cuenta corriente del Tribunal respectivo a la orden del propietario.

Artículo 66º. La copia a que se refiere el artículo 64º y el comprobante de haber cancelado el valor fijado por la comisión de Hombres Buenos, de acuerdo al artículo anterior, servirá a éste para obtener del Juez de Letras de Mayor Cuantía respectivo que lo ponga en posesión material de los terrenos, no obstante cualquiera reclamación del propietario y aún cuando éste no se hubiere conformado con la tasación.

Artículo 67º. Los afectados o el interesado podrán reclamar dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de su notificación, del avalúo practicado por la comisión de Hombres Buenos.

Desde este momento, las cuestiones que se susciten se ventilarán de acuerdo con las reglas establecidas en el Título XI del Libro III del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 68º. El dueño del predio sirviente tendrá derecho a que se le pague:

1. El valor de todo terreno ocupado por las obras hidroeléctricas, incluidas las de embalse y estanques, por los postes y las torres de las líneas, por las zanjas de las líneas subterráneas, por los edificios y por los caminos de acceso, según los planos de servidumbres;

2.- El valor de los perjuicios ocasionados durante la construcción de las obras o como consecuencia de ellas o del ejercicio de las servidumbres.

Igualmente el valor de los perjuicios que causan las líneas aéreas;

3. Una indemnización por el tránsito que el concesionario tiene derecho a hacer para los efectos de la custodia, conservación y reparación de las líneas. Esta indemnización no podrá ser superior al valor de una faja de terreno de dos metros de ancho, en la parte del predio ocupado por las líneas.

Si al constituirse una servidumbre quedaren terrenos inutilizados para su natural aprovechamiento, el concesionario estará obligado a extender la servidumbre a todos estos terrenos.

Artículo 69º. Los terrenos ocupados se pagarán, a tasación de peritos, con veinte por ciento de aumento.

Artículo 70º. Todas las dificultades o cuestiones posteriores de cualquier naturaleza a que dieren lugar las servidumbres establecidas en este Título, ya sea por parte del concesionario o del dueño del predio sirviente, se tramitarán en juicio sumario en conformidad a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

La apelación de la sentencia definitiva en estos juicios se concederá sólo en el efecto devolutivo.

Artículo 71º. Será Juez competente para conocer de los juicios a que se refiere el presente Título, el del departamento donde se encuentre el predio sirviente y si los predios sirvientes estuvieren en dos o más departamentos, el Juez de cualesquiera de ellos.



T I T U L O III

DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS

ELÉCTRICOS Y DEL SUMINISTRO

Artículo 72º. Las obras de generación, transporte y distribución o partes de ellas no podrán ser puestas en servicio sin haberlas comunicado previamente el dueño de ellas, a la Superintendencia , por lo menos con quince días de anticipación. La comunicación deberá estar acompañada de una breve descripción de las obras que se ponen en explotación, así como de la fecha de su puesta en servicio.

Artículo 73º. Dentro del territorio en que el concesionario haga servicio público, en las calles o zonas que fijen los Alcaldes, éstos podrán decretar, oídos los concesionarios, que canalicen subterráneamente sus líneas de distribución existentes de energía eléctrica. En este caso el concesionario podrá exigir a la Municipalidad un aporte financiero reembolsable por el costo de las obras de canalización subterránea, deducido el valor de los materiales de la línea aérea existente que se retire. El concesionario determinará los valores que correspondan, pero la Municipalidad podrá reclamar a la Superintendencia , quien efectuará en este caso una tasación definitiva. El cumplimiento del decreto alcaldicio de canalización subterránea, estará condicionado a la entrega del aporte financiero reembolsable, cuando corresponda, por parte de la Municipalidad .

Si el Estado, las Municipalidades u otros organismos públicos efectuaren obras de rectificación, cambios de nivel o pavimentación definitiva en calles, plazas y caminos, podrán disponer que los concesionarios de servicio público de distribución de energía eléctrica hagan en sus instalaciones las modificaciones necesarias para no perturbar la construcción de esas obras. El costo de estas modificaciones será de cargo del Estado o de la Municipalidad u organismo que las haya dispuesto.

Artículo 74º. En su zona de concesión, las empresas distribuidoras de servicio público estarán obligadas a dar servicio a quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en la zona de concesión, o bien se conecte a las instalaciones de la empresa mediante líneas propias o de terceros, bajo las condiciones estipuladas en el artículo 75º . La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la cual se conecte el usuario.

Artículo 75º. Cualquier empresa eléctrica podrá exigir a los usuarios de cualquier naturaleza que soliciten servicio, o a aquellos que amplíen su potencia conectada, aportes de financiamiento reembolsables para la ejecución de las ampliaciones de capacidad requeridas en generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Adicionalmente, la empresa podrá exigir a los usuarios que soliciten o amplíen su servicio en potencias conectadas superiores a 10 kilowatts, una garantía suficiente para caucionar que la potencia solicitada por éstos será usada por el tiempo adecuado.

Los montos máximos por concepto de financiamiento serán determinados por las empresas y podrán ser aplicados previa publicación en un diario de circulación nacional.

Artículo 76º. Adicionalmente a lo estipulado en el artículo 75º, las empresas concesionarias de servicio público de distribución podrán exigir a los usuarios que soliciten servicio, un aporte de financiamiento reembolsable para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalmes del peticionario.

Dicho aporte podrá efectuarse de dos formas:

1.- El peticionario podrá construir las obras de extensión sobre la base de un proyecto aprobado por la empresa eléctrica. El valor de estas instalaciones, que corresponde al financiamiento reembolsable aportado por el peticionario, será determinado por la empresa en el momento de aprobar el proyecto;

2.- El peticionario podrá financiar las obras por el valor determinado por la empresa, obligándose ésta a construirla, una vez asegurado el financiamiento.

Artículo 77º. Los aportes financieros que, según las disposiciones de la presente Ley, deban ser reembolsados por la empresa eléctrica, se devolverán a la persona natural o jurídica que haya entregado el aporte, o bien a las personas que ésta designe, según la estipulación que acepte la empresa.

Con la excepción de las devoluciones mediante acciones, dichos aportes deberán ser reembolsados por su valor inicial reajustado e intereses. El interés deberá ser igual a la tasa de actualización estipulada en el artículo 106º de esta Ley.

La forma y el plazo de las devoluciones se determinarán en un contrato que se firmará entre la empresa y quien deba hacer el aporte reembolsable .

Si la devolución pactada no se hiciere en dinero, los títulos respectivos deberán ser endosables.

Si el mecanismo de devolución fuere otro que acciones, el plazo máximo de reembolso será de quince años.

Las devoluciones podrán ser pactadas en dinero, en documentos mercantiles, en suministro eléctrico, en acciones comunes de primera emisión de la propia empresa o mediante aquellas acciones que ésta hubiere recibido de otra empresa eléctrica como devolución de aportes por ella efectuados, o mediante cualquier otro mecanismo que acuerden las partes.

La elección de la forma de devolución corresponderá a la empresa concesionaria; pero el aportante podrá oponerse a ella cuando la devolución propuesta por la empresa no le significare un reembolso real. Si no hubiere acuerdo resolverá la Superintendencia , oyendo a las partes.

Artículo 78º. Las empresas eléctricas no podrán cobrar gastos por concepto de devolución de los aportes financieros reembolsables a que se ha hecho mención en los artículos anteriores.

Artículo 79º. La calidad de suministro de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos.

En los sistemas cuyo tamaño es inferior o igual a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, la calidad de suministro será establecida de común acuerdo entre el concesionario y la Municipalidad respectiva, según lo señalado en el artículo 123º .

Los usuarios no podrán exigir calidades especiales de servicio por sobre los estándares que se establezcan a los precios fijados, siendo de la exclusiva responsabilidad de aquellos que lo requieran el adoptar las medidas necesarias para lograrlas.

Artículo 80º. La extensión de servicio en las zonas de concesión se hará dentro de los plazos máximos que fije la Superintendencia , oyendo al concesionario. La Superintendencia podrá compeler a los concesionarios de servicio público de distribución al cumplimiento de esta obligación, con una multa no inferior a 5 UTM por cada día que transcurra después de expirado el plazo fijado para hacer las instalaciones.

En caso de no ejecutarse los trabajos a pesar de la multa impuesta, el Presidente de la República podrá declarar caducada la concesión y disponer, por consiguiente, su transferencia a terceros en la forma que lo establecen los artículos 42º y siguientes.

Artículo 81º. Los concesionarios de cualquier naturaleza están obligados a llevar a cabo la interconexión de sus instalaciones cuando con informe de la Comisión se determine mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .

La operación de las instalaciones eléctricas de los concesionarios que operen interconectados entre sí, deberá coordinarse con el fin de:

1. Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;

2. Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico;

3. Garantizar el derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión establecidos mediante concesión.

Esta coordinación deberá efectuarse de acuerdo con las normas y reglamentos que proponga la Comisión.

Dispuesta la interconexión según lo establecido en el inciso 1º de este artículo y en caso de falta de acuerdo entre los concesionarios sobre la forma de realizar la interconexión y de efectuar el transporte o transferencia de la energía, la Comisión oirá a los concesionarios y entregará una recomendación al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción quien resolverá al respecto.

La operación de aquellas centrales y sistemas de transmisión que no habiéndose establecido mediante concesión, operen en sincronismo con un sistema eléctrico, deberá ceñirse a las normas y reglamentos de coordinación de la operación que se mencionan en este artículo.

Artículo 82º. Es deber de todo concesionario de servicio público de cualquier naturaleza mantener las instalaciones en buen estado y en condiciones de evitar peligro para las personas o cosas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

En iguales condiciones de seguridad se deberán encontrar las instalaciones de energía eléctrica de uso privado.

Las infracciones a lo dispuesto en los incisos anteriores serán sancionadas con las multas que establezca previamente el reglamento.

Artículo 83º. Las disposiciones sobre calidad y continuidad del servicio establecidas en la presente Ley no se aplicarán en los casos de racionamiento, ni de aquellos en que las fallas no sean imputables a la empresa suministradora del servicio.

La caducidad no será declarada en los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados por la Superintendencia .

Artículo 84º. En caso de servicios que se encuentren impagos, el concesionario podrá suspender el suministro sólo después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga .

El consumidor podrá reclamar a la Superintendencia de esta notificación haciendo el depósito de la suma cobrada. Tanto los consumidores como los concesionarios están obligados a acatar las resoluciones que en estos casos adopte la Superintendencia sin perjuicio del derecho de reclamar ante la Justicia Ordinaria.

Los reglamentos fijarán las normas y plazos bajo los cuales la Superintendencia deberá resolver estos reclamos.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al consumo de hospitales y cárceles; sin perjuicio de la acción ejecutiva que el concesionario podrá instaurar con la sola presentación de una declaración jurada ante Notario en la cual se indique que existen tres o más mensualidades insolutas. Tal declaración constituirá el título ejecutivo de dicha acción.

Artículo 85º. Si los concesionarios hicieron cambios en sus sistemas de suministros por su propia iniciativa, deberán adaptar por su cuenta a las nuevas condiciones los motores y aparatos que estuvieren utilizando sus servicios o acordarán con los consumidores una compensación, tomando en cuenta el estado de uso y servicio que tuvieren los motores y aparatos que entonces estuvieren usando y las otras circunstancias pertinentes. Si no se pusieren de acuerdo, resolverá la cuestión la Superintendencia .

Artículo 86º. Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán efectuar a su costa, una vez al año, y en la oportunidad que determine la Superintendencia , una encuesta representativa a clientes de su concesión, en la que éstos calificarán la calidad del servicio recibido. La encuesta se referirá a aspectos tales como tensión, número de fallas, plazo de reconexión en casos de interrupción del servicio, información entregada al cliente, puntualidad en el envío de las boletas o facturas, atención de nuevos suministros y otros.

La encuesta será especificada por la Superintendencia y deberá efectuarse a través de empresas especializadas, debidamente inscritas en un registro que llevarán al efecto. Los resultados, debidamente procesados por las empresas que efectúen la encuesta, serán comunicados directamente a la Superintendencia y a la empresa concesionaria.

Además, las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán llevar un índice representativo de la continuidad de servicio a sus clientes, medido en los términos que la Superintendencia especifique, oyendo previamente a aquellas.

Artículo 87º. La Superintendencia elaborará una norma de calificación, la cual será comunicada a las empresas con anterioridad a la realización de las encuestas indicadas en el artículo precedente.

Antes del 31 de Diciembre de cada año, la Superintendencia elaborará sobre la base de los reclamos directos de clientes presentados a ese organismo, de las encuestas y del índice de continuidad de servicio a que se refiere el artículo anterior, un ordenamiento de todas las empresas concesionarias de servicio público de distribución, atendiendo a la calidad de servicio entregado.

Los resultados generales serán puestos en conocimiento de las empresas antes del 31 de Diciembre de cada año.

Artículo 88º. La Superintendencia podrá amonestar, multar, e incluso recomendar la aplicación de la medida contemplada en el artículo 89º, si la calidad de servicio de una empresa es reiteradamente deficiente.

Artículo 89º. Si la explotación de un servicio público de distribución fuera en extremo deficiente, a causa de su mala calidad u otras circunstancias que hicieren inaprovechables los servicios, según las normas expresas que establezcan previamente los reglamentos, el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción podrá autorizar a la Superintendencia para tomar las medidas necesarias a expensas del concesionario para asegurar provisionalmente el servicio.

Si durante el plazo de tres meses, contado desde la organización del servicio provisional, el concesionario no volviere a tomar a su cargo la explotación, garantizando su continuidad, el Presidente de la República podrá declarar caducada la concesión y disponer, por consiguiente, su transferencia a terceros en la misma forma que establecen los artículos 42º y siguientes.

Artículo 90º. Estarán sujetos a fijación de precios los siguientes suministros de energía eléctrica:

1. Los suministros a usuarios finales cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kilowatts, ubicados en zonas de concesión de servicio público de distribución o que se conecten mediante líneas de su propiedad o de terceros a las instalaciones de distribución de la respectiva concesionaria;

2. Los suministros a usuarios finales de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts, efectuados desde instalaciones de generación o transporte de una empresa eléctrica, en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación;

3.- Los suministros que se efectúen a empresas eléctricas que no dispongan de generación propia, en la proporción en que estas últimas efectúen a su vez suministros sometidos a fijación de precios. Lo anterior cuando se trate de sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación.

No obstante, los suministros a que se refieren los números 1 y 2 anteriores podrán ser contratados a precios libres cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se trate de servicio por menos de doce meses;

b) Cuando se trate de calidades especiales de servicio a que se refiere el inciso segundo del artículo 79º ;

c) Cuando el momento de carga del cliente respecto de la subestación de distribución primaria sea superior a 20 megawatts-kilómetro.

Artículo 91º. Los suministros de energía eléctrica no indicados en el artículo 90º no estarán afectos a ninguna de las regulaciones que se establecen en este título.

Las transferencias de energía entre empresas eléctricas, que posean medios de generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico y que resulten de la aplicación de la coordinación de la operación a que se refiere el artículo 81º, serán valorizados de acuerdo a los costos marginales instantáneos del sistema eléctrico. Estos costos serán calculados por el organismo de coordinación de la operación o centro de despacho económico de carga.

Artículo 92º. Los precios máximos de que trata este Título serán calculados por la Comisión de acuerdo con los procedimientos que se establecen más adelante y fijados mediante decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , expedido bajo la fórmula "por orden del Presidente de la República".

Excepcionalmente, por decreto supremo fundado, dictado por el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Hacienda, podrá fijarse precios máximos diferentes a los calculados por la Comisión, siempre que la Ley de Presupuestos del Sector Público autorice la compensación a que se refiere el inciso siguiente y considere los recursos presupuestarios pertinentes, a través de la creación de un ítem especial en la Partida Tesoro Público .

El Fisco deberá compensar mensualmente a los concesionarios afectados, dentro de un plazo de treinta días, contado desde la presentación de los antecedentes por parte de éstos al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , en un monto equivalente a la diferencia entre la facturación efectiva registrada y la que hubiera resultado en el respectivo mes, de haberse aplicado los precios calculados por la Comisión.

No obstante lo dispuesto en el inciso segundo, si los concesionarios no recibieren dentro de un plazo de sesenta días la compensación contemplada en el inciso anterior, por el solo ministerio de esta ley, serán aplicables con efecto retroactivo las tarifas calculadas por la Comisión.

Artículo 93º. Las empresas eléctricas de generación y de transporte, sean o no concesionarias, que efectúen ventas sometidas a fijación de precios, tendrán siempre derecho a que la tarifa fijada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción sea como mínimo la que se establece siguiendo el procedimiento del artículo 101º de esta Ley.

Asimismo, los concesionarios de servicio público de distribución que operan en sistemas eléctricos de más de 1.500 kilowatts de capacidad instalada en generación, tendrán siempre derecho a obtener con la tarifa fijada, una rentabilidad económica mínima, para el conjunto de todas las empresas que operan en estos sistemas, igual a la tasa de actualización a que se refiere el artículo 106º menos cinco puntos. El procedimiento para calcular la rentabilidad económica corresponde al que se establece en el artículo 116º de la presente Ley. El Valor Nuevo de Reemplazo a usar en este cálculo no debe incluir los aportes de terceros.

Artículo 94º. En caso de que las empresas o concesionarios, que se mencionan en el artículo anterior consideren que las tarifas fijadas por la autoridad causan perjuicio a sus legítimos derechos o intereses, podrán recurrir ante la Justicia Ordinaria, reclamando la indemnización correspondiente.

El afectado podrá recurrir a la Justicia Ordinaria de acuerdo a las reglas generales para perseguir las indemnizaciones a que haya lugar.

Artículo 95º. El procedimiento para la determinación de precios dependerá del tamaño de los sistemas eléctricos desde los cuales son efectuados los suministros, en conformidad a lo establecido en los Capítulos II y III de este Título.




C A P I T U L O II

DE LOS PRECIOS MÁXIMOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

CUYO TAMAÑO ES SUPERIOR A 1.500 KILOWATTS

EN CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN.

Artículo 96º. En los sistemas eléctricos cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación se distinguirán dos niveles de precios sujetos a fijación:

1. Precios a nivel de generación-transporte. Estos precios se denominarán "precios de nudo" y se definirán para todas las subestaciones de generación-transporte desde las cuales se efectúe el suministro. Los precios de nudo tendrán dos componentes: precio de la energía y precio de la potencia de punta;

2. Precios a nivel de distribución. Estos precios se determinarán sobre la base de la suma del precio de nudo, establecido en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y de un valor agregado por concepto de costos de distribución.

A los suministros indicados en los números 1 y 2 del artículo 90º, con las salvedades allí señaladas, les serán aplicables los precios a nivel de distribución.

A los suministros indicados en el número 3 del artículo 90º, con las salvedades allí señaladas, les serán aplicables los siguientes precios:

- Precio de nudo: si el suministro se efectúa a partir de las instalaciones de generación-transporte de la empresa que efectúa la venta.

- Precios a nivel de distribución: si el suministro se efectúa a partir de las instalaciones de distribución de la empresa que efectúa la venta. Sin embargo, los precios a nivel de distribución que se le fijen a la empresa que efectúa la compra, para las ventas a precio fijado que ella realice, se determinarán considerando los precios de nudo que correspondan, de acuerdo a lo señalado en el punto 2 de este artículo.

Artículo 97º. Los precios de nudo deberán reflejar un promedio en el tiempo de los costos marginales de suministro a nivel de generación-transporte para usuarios permanentes de muy bajo riesgo. Por su naturaleza, estos precios estarán sujetos a fluctuaciones que derivan de situaciones coyunturales como variaciones en la hidrología, en la demanda, en los precios de combustibles y otros.

Artículo 98º. Los precios de nudo deberán ser fijados semestralmente en los meses de abril y octubre de cada año. Estos precios se reajustarán en conformidad a lo estipulado en el artículo 104º, cuando el precio de la potencia de punta o de la energía, resultante de aplicar las fórmulas de indexación que se hayan determinado en la última fijación semestral de tarifas, experimente una variación acumulada superior a diez por ciento.

Artículo 99º. Para cada fijación semestral, los precios de nudo se calcularán de la siguiente forma:

1.- Sobre la base de una previsión de demandas de potencia de punta y energía del sistema eléctrico para los siguientes diez años, y considerando las instalaciones existentes y en construcción, se determina el programa de obras de generación y transmisión que minimiza el costo total actualizado de abastecimiento, correspondiente a la suma de los costos esperados actualizados de inversión, operación y racionamiento durante el período de estudio;

2.- Con el programa de obras definido anteriormente y considerando básicamente la demanda de energía, los stocks de agua en los embalses, los costos de operación de las instalaciones, los costos de racionamiento y la tasa de actualización indicada en la letra d) del artículo 100º, se determina la operación del sistema eléctrico que minimiza la suma del costo actualizado de operación y de racionamiento, durante el período de estudio. Para la operación del sistema definida anteriormente se calculan los costos marginales de energía del sistema, incluida la componente de racionamiento en los primeros meses de operación , con un mínimo de veinticuatro y un máximo de cuarenta y ocho meses, como mínimo, promediándose los valores obtenidos con factores de ponderación correspondientes a las demandas actualizadas de energía, durante ese período. El valor así obtenido se denomina precio básico de la energía; por costo de racionamiento se entiende el costo por kilowatthora incurrido, en promedio, por los usuarios, al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de emergencia, si así conviniera. Este costo de racionamiento se calculará como valor único y será representativo de los déficit más frecuentes que pueden presentarse en el sistema eléctrico.

3. Se determina el tipo de unidades generadoras más económicas para suministrar potencia adicional durante las horas de demanda máxima anual del sistema eléctrico. Se calcula el costo marginal anual de incrementar la capacidad instalada del sistema eléctrico con este tipo de unidades. Este valor se incrementa en un porcentaje igual al margen de reserva de potencia teórico del sistema eléctrico. El valor resultante del procedimiento anterior se denomina precio básico de la potencia de punta;

4. Para cada una de las subestaciones del sistema eléctrico se calcula un factor de penalización de energía que multiplicado por el precio básico de la energía obtenido según el procedimiento descrito en el presente artículo, determina el precio de la energía en la subestación respectiva;

5. Para cada una de las subestaciones del sistema eléctrico se calcula un factor de penalización de potencia que multiplicado por el precio básico de la potencia obtenido según el procedimiento descrito en el presente artículo, determina el precio de la potencia en la subestación respectiva;

6. El cálculo de los factores de penalización de energía y de potencia de punta a que se refieren los números 4 y 5 respectivamente del presente artículo, se efectúa considerando las pérdidas marginales de transmisión de energía y potencia de punta respectivamente, para el sistema de transmisión operando con un nivel de carga tal que dicho sistema esté económicamente adaptado;

7. Todos los costos que se utilicen en los cálculos indicados en el presente artículo deberán ser expresados a los precios existentes en los meses de Marzo o Septiembre, según se trate de las fijaciones de precio de Abril u Octubre respectivamente, del año en que se efectúa la fijación.

Artículo 99º bis. De producirse déficit de generación eléctrica derivados de fallas prolongadas de centrales termoeléctricas o bien de sequías, que lleven a la dictación del decreto de racionamiento por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , las empresas generadoras que no lograsen satisfacer el consumo normal de sus clientes distribuidores o finales sometidos a regulación de precios, deberán pagarles cada kilowatthora de déficit a un valor igual a la diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía, a los que se refiere el artículo 99 anterior. Para estos efectos, se entenderá como consumo normal de un cliente en un período, aquel que resulte de considerar el consumo de energía facturado por el generador en el mismo período del año anterior, incrementado en la tasa anual de crecimiento del consumo que se hubiere considerado en la previsión de demanda de energía para el sistema eléctrico, en la última fijación de precios de nudo. Los clientes distribuidores, a su vez, deberán traspasar íntegramente el monto recibido a sus clientes finales sometidos a regulación de precios. Para el cálculo de los déficit originados en situaciones de sequía no podrán utilizarse aportes de generación hidroeléctrica que correspondan a años hidrológicos más secos que aquellos utilizados en el cálculo de precios de nudo. Asimismo, si una sequía durara más de un año hidrológico, el máximo déficit que los generadores estarán obligados a pagar estará limitado al déficit que se calcule para el primer año hidrológico de la sequía, considerando una hidrología igual a la del año más seco utilizado en el cálculo de precios de nudo. Por año hidrológico se entiende un período de doce meses comenzando en abril.

En el caso de producirse los déficit a que se refiere el inciso anterior, el decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , que autorice la aplicación de medidas de racionamiento, explicitará, basándose en un informe previo de la Comisión Nacional de Energía, el monto del pago por cada kilowatthora de déficit, como asimismo las demás condiciones que deberán aplicar las empresas generadoras para el cálculo o registro de los déficit, y los montos y procedimientos que aplicarán las empresas distribuidoras para traspasar a su vez los montos recibidos a sus clientes finales. Todos los cálculos deberán basarse en los valores utilizados en la última fijación de precios de nudo para el sistema eléctrico en cuestión. No obstante, el valor a utilizar para el costo de racionamiento no podrá superar, expresado en unidades de fomento, el promedio de los costos de racionamiento utilizados en las últimas seis fijaciones de precios de nudo .

Artículo 100º. Dentro de los primeros quince días de Marzo y Septiembre de cada año, la Comisión deberá poner en conocimiento de las empresas de generación y transporte que efectúen ventas sometidas a fijación de precios, así como de los centros de despacho económico de carga, un informe técnico de cálculo de los precios de nudo según el procedimiento indicado en el artículo 99º de la presente Ley, y que explicite y justifique:

a) La previsión de demanda de potencia y energía del sistema eléctrico;

b) El programa de obras de generación y transmisión existentes y futuras;

c) Los costos de combustibles, costos de racionamiento y otros costos variables de operación pertinentes;

d) La tasa de actualización utilizada en los cálculos, la cual será igual al 10% real anual .

e) Los valores resultantes para los precios de nudo;

f) La fórmula de indexación que se aplicará para las fijaciones provisorias establecidas en el artículo 98º de la presente Ley.

Artículo 101º. Las empresas y entidades a que se refiere el artículo 100º comunicarán a la Comisión antes del 31 de Marzo y 30 de Septiembre de cada año, su conformidad o sus observaciones al informe técnico elaborado por la Comisión. Conjuntamente con su conformidad u observaciones, cada empresa deberá comunicar a la Comisión la potencia, la energía, el punto de suministro correspondiente y el precio medio cobrado por las ventas a precio libre efectuadas durante los últimos seis meses, a cada uno de sus consumidores no sometidos a fijación de precio.

La Comisión podrá aceptar o rechazar total o parcialmente las observaciones de las empresas; sin embargo, los precios de nudo definitivos que ella determine no podrán diferir en más de diez por ciento de los precios correspondientes a suministros no sometidos a fijación de precios. El procedimiento de comparación será el siguiente:

1. A partir del precio medio efectivo de cada suministro no sometido a fijación de precio se calculará un promedio considerando como factor de ponderación la energía facturada correspondiente a cada suministro;

2. A partir del precio medio teórico de cada suministro no sometido a fijación de precio, que resulta de aplicar los precios de nudo determinados por la Comisión, se calculará un promedio, considerando como factor de ponderación la energía facturada correspondiente a cada suministro;

3. Si el promedio de precios calculados según lo estipulado en el número 2 precedente no difiere en más de diez por ciento del promedio calculado según lo estipulado en el número 1, los precios de nudo determinados previamente serán aceptados. En caso contrario, la Comisión deberá multiplicar todos los precios de nudo por un coeficiente único, de modo de alcanzar el límite más próximo, superior o inferior de la banda de diez por ciento.

Artículo 102º. La Comisión deberá comunicar, antes del 15 de Abril y 15 de Octubre de cada año, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y a las empresas eléctricas que corresponda, los precios de nudo y la fórmula de indexación a que se refiere el artículo 98º, conjuntamente con un informe técnico, el que deberá contener el informe de cálculo de los precios de nudo especificado en el artículo 100º de la presente Ley, sus modificaciones posteriores de acuerdo con lo establecido en el artículo 101º y las observaciones de las empresas.

Artículo 103º. El Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción fijado en el artículo 92º, y las publicará en el Diario Oficial a más tardar el 30 de Abril y el 31 de Octubre de cada año.

Una vez vencido el período de vigencia de las tarifas de nudo y mientras no sean fijadas las del período siguiente, éstas podrán ser reajustadas por las empresas eléctricas de generación-transporte en la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, medido desde dicha fecha, previa publicación con quince días de anticipación en un diario de circulación nacional.

Artículo 104º. Si dentro del período de vigencia de la última fijación semestral de tarifas, deben modificarse los precios de nudo en virtud de lo expresado en el artículo 98º, la Comisión, en el plazo de quince días a contar desde el último día del mes en que se registró la variación a que se refiere el artículo 98º, deberá calcular e informar a las empresas de generación-transporte los nuevos valores de los precios de nudo que resulten de aplicar la fórmula de indexación correspondiente.

Las empresas que efectúen suministros desde instalaciones de generación-transporte podrán aplicar, a los suministros que corresponda, los precios reajustados a que se refiere el inciso anterior, previa publicación de dichos valores con quince días de anticipación, en un diario de circulación nacional.

Artículo 105º. La estructura de los precios a nivel de distribución considerará los precios de nudo establecidos en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y al valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de fórmulas que representen una combinación de dichos valores, de tal modo que el precio resultante de suministro corresponda al costo de la utilización por parte del usuario de los recursos a nivel de producción-transporte y distribución empleados.

Artículo 106º. El valor agregado por concepto de costos de distribución que basará en empresas modelo y considerará:

1. Costos fijos por concepto de gastos de administración, facturación y atención del usuario, independientes de su consumo;

2. Pérdidas medias de distribución en potencia y energía;

3. Costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada. Los costos anuales de inversión se calcularán considerando el Valor Nuevo de Reemplazo, en adelante VNR, de instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil, y una tasa de actualización igual al 10% real anual.

Artículo 107º. Las componentes indicadas en el artículo anterior se calcularán para un determinado número de áreas de distribución típicas, que serán fijadas por la Comisión, oyendo previamente a las empresas. Las componentes para cada área típica se calcularán sobre la base de un estudio de costos encargado a una empresa consultora por la Comisión. Dicho estudio de costos se basará en un supuesto de eficiencia en la política de inversiones y en la gestión de una empresa distribuidora operando en el país. Las empresas concesionarias de distribución, como conjunto o individualmente, podrán contratar el mismo estudio, aplicado a las mismas áreas de distribución típicas definidas anteriormente, a otra empresa consultora, elegida por ellas de entre una lista de empresas acordadas con la Comisión. En este caso la Comisión podrá revisar el o los estudios encargados por las empresas, y efectuar con la conformidad previa de ellas, las correcciones a que dé lugar esta revisión. Si no se produjere acuerdo, primará el criterio de las empresas respecto de los valores obtenidos en el o los estudios encargados por ellas.

La Comisión calculará para cada área el promedio aritmético ponderado de los valores agregados resultantes de los estudios de la Comisión y de las empresas a que se ha hecho referencia anteriormente. Los coeficientes de ponderación serán: dos tercios para los que resulten del estudio encargado por la Comisión y un tercio para los valores que resulten del estudio encargado por las empresas como conjunto, o para el promedio de los valores resultantes en los estudios encargados individualmente por las empresas, si los hubiera.

Artículo 108º. Con los valores agregados resultantes del artículo precedente y los precios de nudo que correspondan, la Comisión estructurará un conjunto de tarifas básicas preliminares, de acuerdo al criterio expresado en el artículo 105º de la presente Ley. Deberán existir tantas tarifas básicas como empresas y sectores de distribución de cada empresa se hayan definido.

Si las tarifas básicas preliminares así determinadas, permiten al conjunto agregado de las instalaciones de distribución de las empresas concesionarias obtener una tasa de rentabilidad económica antes de impuestos a las utilidades, que no difiera en más de cuatro puntos de la tasa de actualización definida en el artículo 106º, los valores agregados ponderados que les dan origen serán aceptados. En caso contrario, los valores deberán ser ajustados proporcionalmente de modo de alcanzar el límite más próximo superior o inferior.

El procedimiento para calcular la tasa de rentabilidad económica será el siguiente:

1. La Comisión informará a las empresas las tarifas básicas que éstas deberán analizar;

2. Cada empresa determinará e informará a la Comisión los ingresos que habría percibido con dichas tarifas, si ellas hubieran sido aplicadas a la totalidad de los suministros efectuados mediante sus instalaciones de distribución, en el año calendario inmediatamente anterior. Las empresas deberán justificar los valores obtenidos, y adjuntar los antecedentes que les solicite la Comisión;

3.- A partir de los valores nuevos de reemplazo de las instalaciones de distribución y de los costos de explotación correspondientes a la actividad de distribución, los que serán comunicados por la Superintendencia , la Comisión calculará la tasa de rentabilidad económica agregada al conjunto de todas las instalaciones de distribución de las empresas considerándolas como si fueran una sola, y suponiendo que durante treinta años tienen ingresos y costos constantes determinados de acuerdo al procedimiento anterior. El valor residual de las instalaciones se tomará igual a cero.

Si el cálculo de la tasa de rentabilidad económica agregada, una empresa obtiene ingresos superiores a cincuenta por ciento de los ingresos agregados totales, se reducirá el factor de ponderación de dicha empresa de modo que no sobrepase el cincuenta por ciento.

Artículo 109º. Los valores agregados aceptados de acuerdo al procedimiento descrito en los artículos 106º, 107º y 109º, serán corregidos para cada empresa distribuidora de modo de descontarles la proporción del VNR de instalaciones aportadas por terceros que tengan en relación al VNR de todas sus instalaciones de distribución. Al valor resultante se le adicionará la anualidad necesaria para renovar dichos aportes. Se obtendrán así los valores agregados definitivos para cada área típica de distribución de cada empresa. Para el cálculo de la proporción indicada se considerará las instalaciones aportadas por terceros que las empresas registren al 31 de Diciembre del año de publicación de la presente Ley.

Los VNR correspondientes serán comunicados por la Superintendencia a solicitud de la Comisión.

Artículo 110º. Con los valores agregados definitivos, calculados según el procedimiento del artículo 109º precedente, la Comisión estructurará fórmulas indexadas que expresarán las tarifas en función de los precios de nudo y de los índices de precio de los principales insumos de la distribución. La Comisión estructurará tantas fórmulas como empresas y sectores de distribución en cada empresa se hayan definido. Estas fórmulas tendrán un período de validez de cuatro años a no ser que en el intertanto se produjere una variación acumulada del Indice General de Precios al Consumidor superior al cien por ciento, o bien que la tasa de rentabilidad económica antes de impuestos a las utilidades para el conjunto de todas las empresas distribuidoras, calculado según el procedimiento descrito en el artículo 108º precedente, difiera en más de cinco puntos de la tasa de actualización definida en el artículo 106º . En estos casos la Comisión deberá efectuar un nuevo estudio, salvo que las empresas concesionarias de distribución de servicio público y la Comisión acuerden unánimemente ajustar la fórmula original. En el caso de efectuarse un reestudio, éste tendrá vigencia hasta completar el período de cuatro años.

Adicionalmente, si antes del término del período de cuatro años de vigencia de las fórmulas, hay acuerdo unánime entre las empresas y la Comisión para efectuar un nuevo estudio de tarifas, éste podrá efectuarse y las fórmulas resultantes tendrán vigencia hasta el término del período en cuestión.

Artículo 111º. Antes de seis meses del término del período de vigencia de las fórmulas de las tarifas, la Comisión deberá poner en conocimiento de las empresas concesionarias de distribución, las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para establecer las fórmulas de tarifas para el período siguiente, incluyendo la definición de áreas típicas de distribución, y acordará con ellas la lista de empresas consultoras elegibles por las empresas para efectuar el estudio encargado por ellas.

En el plazo de quince días, contados desde la recepción por parte de las empresas de las bases del estudio, las empresas comunicarán a la Comisión sus observaciones respecto de las áreas típicas de distribución que ésta hubiere adoptado para hacer el estudio. A su vez, la Comisión se pronunciará en el plazo de quince días respecto de la aceptación o rechazo de las observaciones de las empresas, de modo que ellas puedan contratar, en conjunto o individualmente el estudio a que se hace mención en el artículo 107º .

Antes de dos meses del término del período de vigencia de las fórmulas de tarifas, las empresas enviarán a la Comisión un informe que contenga los resultados del o de los estudios que ellas hayan contratado. Dentro de los quince días siguientes a la recepción del informe de las empresas, la Comisión comunicará a éstas los valores agregados ponderados según se establece en el artículo 107º, y las tarifas básicas preliminares. Las empresas distribuidoras comunicarán a la Comisión, dentro de los quince días siguientes, los ingresos a que daría origen la aplicación de las tarifas básicas preliminares. La Comisión efectuará los ajustes de valores agregados a que dé lugar la aplicación de los procedimientos establecidos en los artículos 108º y 109º y determinará las fórmulas tarifarias definitivas para cada empresa y sector de distribución.

Artículo 112º. Antes de quince días del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias, la Comisión informará al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción las fórmulas tarifarias para el período siguiente, acompañadas de un informe técnico.

Artículo 113º. El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , fijará las fórmulas tarifarias de acuerdo a lo establecido en el artículo 92º, mediante publicación en el Diario Oficial antes del término del período de vigencia de las fórmulas tarifarias anteriores.

Artículo 114º. Durante el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, las tarifas máximas que las empresas podrán cobrar a sus clientes se obtendrán aplicando a dichas fórmulas las variaciones de los índices de precios que en ellas se establezcan. Aquellos índices de precios que sean entregados oficialmente por el Instituto Nacional de Estadísticas, pueden ser aplicados automáticamente por las empresas distribuidoras. Otros índices de precios, tales como el índice de precios del conductor de cobre, serán elaborados por la Comisión e informados a las empresas a requerimiento de éstas para ser aplicados. En todo caso, cada vez que las empresas distribuidoras reajusten sus tarifas, deberán previamente comunicar los nuevos valores a la Comisión y a la Superintendencia , y publicarlos en un diario de circulación nacional.

Artículo 115º. Una vez vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán vigentes, incluidas sus cláusulas de indexación, mientras no sean fijadas las nuevas fórmulas de acuerdo al artículo 113º .

Artículo 116º. Para los efectos de la aplicación de los artículos de este Capítulo, se entiende por tasa de rentabilidad económica la tasa de actualización que iguala, para el conjunto de todas las concesionarias de distribución, los márgenes anuales antes de impuestos actualizados en un período de treinta años, con los VNR de las instalaciones de distribución, incluidas aquellas aportadas por terceros. Se entiende por margen anual de impuesto la diferencia entre las entradas de explotación y los costos de explotación correspondientes a la actividad de distribución, en el año calendario anterior al que se efectúa el estudio.

Son entradas de explotación, las sumas que percibirían las empresas distribuidoras por todos los suministros efectuados mediante sus instalaciones de distribución, si se aplicaran a dichos suministros las tarifas involucradas en el estudio y los ingresos efectivos obtenidos por los servicios de ejecución y retiro de empalmes, reposición de fusibles de empalmes, desconexión y reconexión de servicios, y colocación, retiro, arriendo y conservación de equipos de medida.

Son costos de explotación para las empresas distribuidoras el valor de la energía y potencia requerida para la actividad de distribución, calculado con los precios de nudo que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, los costos de operación del sistema de distribución de la energía, los de conservación y mantenimiento, administración y generales, gravámenes y contribuciones, seguros, asesoramiento técnico y demás que la Superintendencia considere necesarios para la explotación del servicio en la zona de concesión. No podrán incluirse en los costos de explotación las depreciaciones, los déficit de ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún costo financiero como los impuestos y contribuciones por dividendos de acciones o el servicio de intereses y amortización de préstamos, bonos y otros documentos. Todos los costos estarán referidos a los precios vigentes a la fecha de realización del estudio. La Superintendencia podrá rechazar los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos.

Las empresas concesionarias enviarán anualmente a la Superintendencia antes del 31 de Marzo, los costos de explotación correspondientes al año anterior acompañado de un informe auditado.

Se entiende por Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución de una empresa concesionaria, el costo de renovar todas las obras, instalaciones y bienes físicos destinados a dar el servicio de distribución, en las respectivas concesiones, incluyendo los intereses intercalarios, los derechos, los gastos y las indemnizaciones pagadas para el establecimiento de las servidumbres utilizadas, los bienes intangibles y el capital de explotación. Entre los derechos no se podrán incluir los que haya concedido el Estado a título gratuito ni los pagos realizados en el caso de concesiones obtenidas mediante licitación.

Los bienes intangibles corresponderán a los gastos de organización de la empresa y no podrán ser superiores al dos por ciento del valor de los bienes físicos.

El capital de explotación será considerado igual a un doceavo de las entradas de explotación.

Las inversiones en bienes físicos no serán influidas por la depreciación con que se haya emitido las acciones y bonos o por los intereses de los préstamos que se hayan tomado para reunir el capital necesario para ejecutar las obras, ni por las multas que se hayan impuesto al concesionario.

Artículo 117º. Para los efectos de la primera fijación del VNR de las instalaciones de distribución de una empresa distribuidora, el concesionario presentará, al término de la construcción de las obras, un inventario completo de todas las instalaciones, una memoria descriptiva de los trabajos y el detalle de los gastos de primer establecimiento, incluyendo adquisiciones de terrenos, pago de servidumbres, ejecución de obras, adquisición o instalación de maquinarias, materiales, talleres, oficinas y sus dotaciones, honorarios y cargos de ingeniería y supervigilancia, gastos de organización, legales, gravámenes, impuestos e intereses durante la construcción y todo otro ítem que no sea propio cargar a gastos de explotación. Sobre la base de estos antecedentes la Superintendencia efectuará la primera fijación del VNR de las instalaciones de distribución de la empresa.

El concesionario dará cuenta a la Superintendencia de toda inversión posterior en obras de distribución que aumenten el VNR de primer establecimiento.

La Superintendencia podrá rechazar fundadamente el aumento del VNR originado por la incorporación de bienes físicos o derechos que estime innecesarios, o la parte que considere excesivos. En este caso, la Superintendencia informará al concesionario, en el plazo de tres meses. A falta de esta comunicación, se entenderá incorporado automáticamente al VNR.

El concesionario comunicará anualmente a la Superintendencia las instalaciones retiradas del servicio.

La Superintendencia rebajará el VNR correspondiente a dichas instalaciones.

Artículo 118º. El VNR se recalculará cada cuatro años, en el año anterior al cual corresponda efectuar una fijación de fórmulas tarifarias.

Para tal efecto el concesionario comunicará a la Superintendencia antes del 30 de Junio de dicho año, el VNR correspondiente a las instalaciones de distribución de su concesión, acompañado de un informe auditado. La Superintendencia fijará el VNR, para lo cual podrá aceptar o modificar el valor comunicado por la empresa, en el plazo de tres meses. De no existir acuerdo entre el concesionario y la Superintendencia (3), el VNR será determinado por una comisión pericial. Esta comisión estará integrada por tres peritos ingenieros: uno nombrado por el Presidente de la República, otro designado por el concesionario y el tercero será el decano más antiguo en ejercicio del cargo, de una Facultad de Ingeniería, con asiento en la capital, de una Universidad estatal. La comisión pericial deberá pronunciarse sobre el VNR antes del 31 de Diciembre del año en cuestión. A falta de comunicación del VNR y del informe auditado, este valor será fijado por la Superintendencia antes del 31 de Diciembre de ese año, y no podrá ser apelado por el concesionario.

En el plazo que medie entre dos fijaciones de VNR, éste será aumentado o rebajado en la misma proporción en que varíe el Indice General de Precios al Consumidor.

Artículo 119º. Los VNR, ingresos y costos de explotación de que trata este Capítulo están orientados exclusivamente al estudio de las tarifas de suministro a nivel de distribución, y por consiguiente no podrán considerarse para los efectos tributarios de las empresas.

La Superintendencia establecerá los sistemas de cuentas a que deberán ceñirse los concesionarios para registrar los costos de explotación y los VNR de que trata este Capítulo.

Artículo 120º. La facturación de los consumos por suministros sometidos a fijación de precios deberá hacerse por las empresas mensual o bimestralmente .



C A P I T U L O III

DE LOS PRECIOS MÁXIMOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

CUYO TAMAÑO ES IGUAL O INFERIOR A 1.500 KILOWATTS

EN CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN.

Artículo 121º. En los sistemas eléctricos cuyo tamaño es igual o inferior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación sólo se fijarán los precios correspondientes a los suministros indicados en el número 1 del artículo 90º .

Artículo 122º. Los precios máximos para los suministros indicados en el número 1 del artículo 90º, serán acordados entre el Alcalde de la Municipalidad en la cual se efectúen los suministros y las empresas concesionarias de servicio público de distribución que corresponda.

Artículo 123º. En los acuerdos se estipularán los precios de suministro, las cláusulas de reajustabilidad de los mismos, la calidad del servicio, el número de horas diarias de funcionamiento del servicio y toda otra condición que sea pertinente.

Artículo 124º. Los acuerdos tendrán una duración mínima de cuatro años.

Artículo 125º. Los Alcaldes informarán a la Comisión, con un mes de anticipación a la fecha de su puesta en vigencia, los acuerdos que hubieren firmado. La Comisión comunicará al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción la estructura, el nivel y cláusulas de reajuste de las tarifas acordadas, quien los fijará, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92º, mediante publicación en el Diario Oficial.

Artículo 126º. Una vez vencido el período de vigencia de las tarifas, y mientras no sean fijadas las nuevas, continuarán vigentes las tarifas y cláusulas de reajuste del período anterior. Los acuerdos podrán renovarse con el consentimiento de las partes siguiéndose el procedimiento del artículo 125º .

Artículo 127º. Si transcurridos seis meses desde la fecha de expiración del acuerdo anterior, no se hubiere firmado un nuevo acuerdo entre las empresas concesionarias de servicio público y el Alcalde, cualesquiera de las partes podrá solicitar a la Comisión la elaboración de un informe con recomendaciones sobre tarifas y otras condiciones de suministro a considerar. Estas recomendaciones no obligarán a las partes.

Artículo 128º. Si transcurridos tres meses desde la emisión del informe de la Comisión, aún no se hubiere logrado un acuerdo, la Comisión, oyendo a las partes, calculará e informará la estructura, nivel y reajustabilidad de las tarifas, así como las condiciones de suministro que serán aplicables en la zona de concesión, por un período de cuatro años, al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , quien las fijará de acuerdo a lo establecido en el artículo 92º, mediante publicación en el Diario Oficial.

Artículo 129º. Si de común acuerdo, dentro del período de vigencia de las tarifas, el Alcalde y el concesionario de servicio público de distribución decidieran modificar las tarifas o las condiciones de suministro, el Alcalde informará a la Comisión el nuevo acuerdo, para los efectos de lo estipulado en el artículo 125º .



T I T U L O V

DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Artículo 130º. La Superintendencia , organismo dependiente del Ministerio del Interior , será el encargado de velar por la aplicación de la presente Ley.

Artículo 131º. Corresponde especialmente a la Superintendencia :

1. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes o que en adelante se dictaren sobre instalaciones y servicios eléctricos;

2. Estudiar y proponer las modificaciones que la experiencia y los progresos de la técnica aconsejaren introducir a las leyes y reglamentos de los servicios eléctricos;

3. Autorizar a Laboratorios o entidades de control de seguridad y calidad, que a su juicio sean competentes, para que éstos realicen las pruebas y ensayos que resulten necesarios a fin de dar un certificado de aprobación a las máquinas, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales eléctricos de toda naturaleza, que cumplan con las especificaciones normales y no constituyan peligro para las personas o cosas.

Para su comercialización en el país, las máquinas, instrumentos, aparatos, equipos, artefactos y materiales eléctricos, deben tener el certificado de aprobación mencionado en el inciso anterior .

El certificado de aprobación dará derecho al uso de un distintivo.

El uso indebido de este distintivo será multado con una cantidad no inferior a cinco UTM ni superior a cien UTM.

La Superintendencia podrá requisar, con el auxilio de la fuerza pública, la totalidad de los materiales y aparatos eléctricos de cualquier procedencia, que se comercialicen en el país sin contar con el certificado de aprobación.

4. Otorgar licencias de instalador eléctrico, y de electricidad de recintos de espectáculos públicos, como especifique el reglamento, a quien lo solicite y cumpla con cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Ser egresado de las Universidades, Institutos Profesionales, Institutos de Capacitación y demás Escuelas Técnicas que la Superintendencia apruebe, y en los cursos o carreras que ésta especifique previamente;

b) Haber aprobado un examen de competencia ante la Superintendencia.

5. Interpretar las disposiciones de los reglamentos y fijar las normas en los casos especiales que se presenten y no estén expresamente contemplados, en especial respecto de cruces y paralelismos de líneas eléctricas e interferencias físicas y electrolíticas ;

6. En casos de reclamo, comprobar la exactitud de los instrumentos destinados a la medida de la energía eléctrica suministrada a los consumidores, la potencia eléctrica o cualquier otra magnitud, a través de las entidades referidas en el número 3.

Las pruebas a los instrumentos de medida serán de cargo de la empresa concesionaria si el instrumento resultara inexacto y de cargo del reclamante si resultara dentro de las tolerancias permitidas;

7. Otorgar las concesiones provisionales e informar las solicitudes de concesiones definitivas de servicios eléctricos.

8. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los decretos de concesión

9. Resolver, oyendo a los afectados, los reclamos que se formulen por, entre o en contra de particulares, consumidores y propietarios de instalaciones eléctricas en general y que se refieren a cualquier cuestión derivada de la presente Ley, de los cuerpos legales o reglamentarios, cuyo cumplimiento deba ser vigilado por la Superintendencia .

En la resolución que respecto al caso se dicte podrán aplicarse multas. Si aun cuando no exista reclamo, la Superintendencia comprobase infracciones, podrá aplicar sanciones a quienes las hayan cometido. Para estos efectos, el informe de un funcionario de la Superintendencia podrá servir de prueba.

La forma de tramitación, los requisitos que deben cumplir las diligencias y actuaciones, así como las multas, se ajustarán a lo que dispongan los reglamentos de la presente Ley;

10. Atender las consultas del público y resolver los reclamos que se formulen en contra de los instaladores autorizados a que se refiere el número 4 de este artículo, y en contra de las entidades a que se refiere el número 3 de este artículo;

11. Suspender temporal o definitivamente las licencias y autorizaciones que se hayan otorgado de acuerdo con los números 3 y 4 de este artículo, o imponer multas a los poseedores de estas licencias o autorizaciones cuando compruebe faltas graves en el ejercicio de sus funciones;

12. Verificar y examinar los costos de explotación y el valor nuevo de reemplazo de las empresas de servicio público que le sean comunicadas de acuerdo a los artículos 116º, 117º y 118º de la presente Ley. Adicionalmente podrá requerir de las empresas los ingresos de explotación mensual;

13. Pronunciarse sobre los reglamentos especiales de servicio que las empresas concesionarias de servicio público sometan a su aprobación ;

14. Llevar un archivo de los antecedentes relativos a la concesión de servicio público de distribución y formar las estadísticas de explotación de las empresas eléctricas del país, en la forma que lo especifique la Comisión.

Artículo 132º. La Superintendencia se encuentra facultada para requerir de los concesionarios cuantos datos sean necesarios para habilitarla en sus funciones y cumplir sus fines. En consecuencia, podrá exigir la comparecencia y declaración de testigos y exhibición de los libros, tarifas, contratos y documentos relativos a la materia de investigaciones.

La no entrega de la información en los plazos que establezca la Superintendencia , o la entrega de información maliciosamente falseada, será sancionada con multas no inferiores a cinco UTM ni superiores a quinientas UTM.

Artículo 133º. Los funcionarios de la Superintendencia tendrán libre acceso a las centrales, subestaciones, talleres y líneas, y dependencias de los servicios eléctricos, para realizar las funciones que les son propias, obligándose a cumplir las normas y procedimientos de seguridad internos vigentes para las dependencias e instalaciones de los servicios eléctricos.

Por su parte los propietarios de las empresas eléctricas en general, están obligados a proporcionar la información que para fines estadísticos les solicite la Superintendencia . La no entrega de la información requerida dentro de los plazos establecidos, podrá ser sancionada con multa de hasta diez UTM.

Artículo 134º. Los reclamos que cualquier interesado formule respecto de cualquier contravención a la presente Ley, serán transmitidos por la Superintendencia a los afectados, fijándoles plazos para informar. Si dicho informe fuera suficiente para esclarecer la cuestión, dictará resolución inmediata. Si el afectado no contestare en el plazo fijado o si el hecho fuera estimado de gravedad, la Superintendencia dispondrá que se practique una investigación que le permita formar juicio completo para adoptar la resolución que proceda.

Artículo 135º. El que intencional o maliciosamente cortare los conductores de electricidad, arrancare o destruyere postes o ejecutare algún otro acto tendiente a interrumpir un servicio, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo.

Si del hecho resultaren accidentes, la pena será de reclusión menor en su grado máximo.

Si de estos accidentes resultare lesionada alguna persona, la pena será de reclusión menor en su grado máximo; y, finalmente si se produce la muerte de alguien, la pena será de presidio mayor en su grado mínimo.

Artículo 136º. El autor de los hechos que hubiere producido el accidente, no sólo está obligado a reparar los daños que el concesionario experimentare, sino también los que experimentaren terceros.

Artículo 137º. El que sustrajere energía eléctrica, directa o indirectamente mediante conexiones clandestinas o fraudulentas, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 446º del Código Penal. En los casos de reiteración, se procederá en conformidad a lo prevenido en el artículo 451º del Código.

Artículo 138º. La Superintendencia podrá tomar las medidas que estime necesarias a la seguridad del público y a resguardar el derecho de los concesionarios y consumidores de energía eléctrica, pudiendo requerir de la autoridad administrativa el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 139º. Los propietarios de recintos de espectáculos públicos que ocuparen, por sí o por sus representantes, electricistas sin licencia para el manejo de las instalaciones eléctricas, se harán acreedores a una multa en conformidad a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 140º. Toda infracción a las disposiciones de la presente Ley, que no está expresamente sancionada, será castigada con una multa comprendida entre una y cinco UTM.

Las infracciones a la presente Ley, cometida con voluntad criminal y que no tenga pena especial señalada, serán castigadas con reclusión menor en su grado máximo o multa que variará entre cinco y cien UTM.

Se considerará como infracción distinta, cada día que el infractor deje transcurrir sin ajustarse a las disposiciones de esta Ley o sus reglamentos, después de la orden que, al efecto, hubiere recibido de la Superintendencia.

Artículo 141º. En contra de las multas que imponga la Superintendencia en los casos previstos en la presente Ley, podrá reclamar el afectado ante la Justicia Ordinaria, por medio de las acciones constitucionales o legales que procedan.

En conformidad con la Constitución Política, podrá el afectado recurrir de protección en contra de las decisiones que denieguen una solicitud de concesión, o resuelvan la caducidad de una ya concedida.



T I T U L O V II

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 142º. Derógase la facultad contenida en el DL 1.057, de 1975, para que las empresas eléctricas en las que el Estado posee más del cincuenta por ciento de las acciones, puedan aplicar en las condiciones establecidas en dicho decreto, una sobretasa de cincuenta por ciento sobre el interés corriente.

Cualquier empresa eléctrica podrá aplicar el interés corriente en los casos de mora en el pago de facturas o boletas de consumo de los suministros por ella efectuados.

Artículo 143º. En caso de guerra externa o calamidad pública, el Gobierno podrá tomar a su cargo el uso de los servicios eléctricos, abonando al concesionario una compensación que se determinará tomando por base el término medio de las utilidades que hubiere tenido la empresa en los últimos tres años precedentes. Si la empresa requerida no hubiere completado tres años de explotación o no efectuare servicios remunerados, la compensación se determinará por tasación de peritos. La comisión pericial se constituirá en la forma establecida en el artículo 118º .

Lo dispuesto en el inciso anterior, es sin perjuicio de los derechos de los afectados para recurrir a la Justicia Ordinaria, la que regulará la indemnización que proceda.

Artículo 144º. Las instalaciones destinadas a la producción, transporte y distribución de la energía eléctrica para ferrocarriles eléctricos, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente Ley y de sus reglamentos respectivos, y su cumplimiento quedará a cargo de la Superintendencia .

Artículo 145º. La energía eléctrica producida en instalaciones concedidas en conformidad a la presente Ley, no podrá ser exportada sin previa autorización otorgada por decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , con informe de la Superintendencia .

Artículo 146º. Los concesionarios podrán abrir, de acuerdo a la reglamentación de las Municipalidades los pavimentos de calzadas y aceras de las vías públicas para la ejecución de los trabajos propios al aprovechamiento de cualesquiera de las concesiones a que se refiere esta Ley o a la explotación de sus servicios.

Artículo 147º. El trazado de líneas aéreas por bienes nacionales de uso público deberá efectuarse de modo que, en lo posible, no se corten o poden los árboles ubicados a lo largo del trazado de la línea. Si no existiere alternativa a la poda o corta de estos árboles, el propietario de las líneas aéreas deberá dar aviso por carta certificada, con diez días de anticipación, a la Dirección de Vialidad o a la Municipalidad, según proceda, y a los propietarios afectados, pactándose las indemnizaciones que correspondan, de acuerdo con lo que establezcan los reglamentos.

Artículo 148º. No será requisito para poner en servicio nuevas instalaciones eléctricas, la aprobación de éstas, pero deberán ser comunicadas a la Superintendencia acompañando además los antecedentes requeridos, según lo establezcan los reglamentos.

Es responsabilidad de los propietarios de todo tipo de instalaciones eléctricas el cumplir con las normas técnicas y reglamentos que se establezcan en virtud de la presente Ley; el no cumplimiento de estas normas o reglamentos podrá ser sancionado por la Superintendencia con multas y/o desconexión de las instalaciones correspondientes, en conformidad a lo que establezcan los reglamentos respectivos.

Podrán ejecutar instalaciones eléctricas, y en consecuencia firmar los planos correspondientes, los que posean licencia de instalador eléctrico, o bien los que posean título en las profesiones que determinen los reglamentos.

Artículo 149º. Deróganse todas las disposiciones legales que tratan sobre las materias contenidas en la presente Ley; deróganse, asimismo, todas las disposiciones reglamentarias que le sean contrarias o incompatibles.

Artículo 150º. Para los efectos de la aplicación de la presente Ley se entiende por:

a) Sistema eléctrico: Conjunto de instalaciones de centrales eléctricas generadoras, líneas de transporte, subestaciones eléctricas y líneas de distribución, interconectadas entre sí, que permite generar, transportar y distribuir energía eléctrica.

b) Centro de Despacho Económico de Carga: Organismo encargado de determinar la operación del conjunto de centrales generadoras y líneas de transporte de un sistema eléctrico, de modo que el costo del abastecimiento eléctrico sea el mínimo posible, compatible con una seguridad prefijada.

c) Curva de carga: Gráfico que representa la potencia producida en el sistema eléctrico en función del tiempo.

d) Potencia de punta: Potencia máxima en la curva de carga anual.

e) Margen de reserva teórico: Mínimo sobreequipamiento en capacidad de generación que permite abastecer la potencia de punta con una seguridad determinada, dadas las características de las unidades generadoras existentes en el sistema eléctrico.

f) Costo marginal de suministro: Costo en que se incurre para suministrar una unidad adicional de producto para un nivel dado de producción. Alternativamente, dado un nivel de producción, es el costo que se evita al dejar de producir la última unidad.

g) Tasa de actualización: Tasa de descuento.

h) Costo total actualizado: Suma de costos incurridos en distintas fechas, actualizadas a un instante determinado.

i) Instalación económicamente adaptada: Es la instalación que permite producir una cantidad determinada al menor costo.

j) Línea de distribución de servicio público: Línea de distribución establecida por una empresa distribuidora haciendo uso de una concesión de servicio público.

k) Usuario o consumidor final: Usuario que utiliza el suministro de energía eléctrica para consumirlo.

l) Potencia conectada: Potencia máxima que es capaz de demandar un usuario final dada la capacidad del empalme.

m) Areas típicas de distribución: Areas en las cuales los valores agregados por la actividad de distribución para cada una de ellas son parecidos entre sí.

n) Sectores de distribución: Areas territoriales en las cuales los precios máximos de distribución a usuarios finales, son los mismos.

ñ) Aportes de terceros: Instalaciones que fueron aportadas por los usuarios a la empresa distribuidora sin costo para ésta, existentes a la fecha de promulgación de la presente Ley.

o) Subestación de distribución primaria: Subestación que reduce el voltaje desde el nivel de transporte al de alta tensión en distribución.

p) Momento de carga: Es el producto de la potencia conectada del usuario medida en megawatts y de la distancia comprendida entre el punto de empalme con la concesionaria y la subestación de distribución primaria, medida en kilómetros a lo largo de las líneas eléctricas.

q) Usuario o cliente: Es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora.

No obstante, si el concesionario no suspendiere el servicio por la causal indicada en el artículo 84º, las obligaciones por consumos derivadas ser servicio para con la empresa suministradora que se generen desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura no quedarán radicadas en dicho inmueble o instalación, salvo que para ello contare con la autorización escrita del propietario.



T I T U L O VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º. Para los efectos de la fijación de precios máximos de los suministros indicados en el número 3 del artículo 90º de la presente Ley, y por el término de veinte años contados desde la fecha de puesta en servicio de los centros de generación que se instalen antes de 1990 en la I y II Regiones Administrativas, los precios máximos que podrán cobrar los propietarios de dichos centros de generación a las empresas concesionarias de distribución de esas regiones, serán los precios y las condiciones de reajustabilidad de los mismos que hayan pactado entre sí en contratos, siempre que ellos resultaren de una licitación pública.

Las empresas concesionarias de distribución instaladas en las Regiones I y II deberán informar a la Comisión acerca de los contratos mencionados anteriormente.

En la determinación de los precios de nudo de energía y potencia de punta según procedimiento establecido en el artículo 99º de la presente Ley, la Comisión imputará los precios establecidos en dichos contratos como costos de generación de las centrales correspondientes.

Artículo 2º. La zona de concesión mínima de las empresas concesionarias de distribución a la fecha de publicación de la presente Ley, estará definida de acuerdo con lo que se establece en el artículo 29º de la presente Ley, por todas las instalaciones de distribución de propiedad de los concesionarios o aportadas por terceros, que se encuentren en operación, en construcción, o en proyecto con concesión otorgada o en trámite. Respecto de las instalaciones en operación a dicha fecha, ellas definirán zona de concesión aún cuando la empresa distribuidora no tenga concesión por dichas instalaciones.

Artículo 3º. Se establece el plazo por un año a contar de la fecha de publicación de la presente Ley para que las empresas distribuidoras regularicen la situación de sus concesiones respecto de las instalaciones indicadas en el artículo 2º transitorio. Dentro de ese plazo las empresas distribuidoras deberán solicitar las ampliaciones que deseen en su zona de concesión respecto del mínimo definido en el artículo 29º .

Artículo 4º. Las empresas eléctricas que posean concesiones de servicio público de distribución en sistemas eléctricos de tamaño inferior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, tendrán el plazo de un año, a contar de la fecha de publicación de la presente Ley, para optar por cualesquiera de las siguientes modalidades de explotación en dichas concesiones:

1. Mediante concesión de servicio público de distribución. En este caso deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo 3º transitorio.

2. Mediante permiso para el uso de calles y otros bienes nacionales de uso público. En este caso, los Alcaldes, en lo que sea de su competencia, deberán otorgar los permisos correspondientes a los derechos de uso de tales bienes que la empresa poseía en virtud de la concesión original, por un máximo de treinta años. Cuando la empresa opte por esta modalidad no quedará sujeta a regulaciones de precio en el área correspondiente.

El derecho a optar se ejercerá mediante comunicación escrita a la Superintendencia y al Alcalde de la Municipalidad en la cual se encuentre ubicada la concesión.

Si las empresas no hacen uso del derecho a optar que se les otorga en este artículo, se entenderá que han optado por la modalidad de concesión.

Artículo 5º. Las empresas distribuidoras que opten por la modalidad de concesión de servicio público de distribución según lo establecido en el artículo 4º transitorio tendrán el plazo de ciento ochenta días, a contar de la fecha en que ejerzan su opción, para establecer con el Alcalde de la Municipalidad en la cual esté ubicada la concesión, el primer acuerdo de tarifas y condiciones de suministro, según el procedimiento establecido en los artículos 122º y siguientes de esta Ley. El plazo estipulado en el artículo 127º, se entenderá, para estos efectos, a contar de la fecha en que las empresas ejerzan su opción.

Mientras no se fijen las tarifas que resulten del procedimiento descrito en el inciso anterior, las tarifas máximas que pueden aplicar dichas empresas serán las vigentes a la fecha de publicación de esta Ley, con los reajustes que establezca el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .

Artículo 6º. El VNR inicial de las instalaciones de distribución de las empresas concesionarias de distribución deberá ser determinado por la Superintendencia en un plazo de un año, contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del presente decreto con fuerza de ley. El VNR inicial incluirá el VNR de las instalaciones en trámite de aprobación a esa fecha, y el VNR de las instalaciones cuyas concesiones se regularicen según lo establecido en el artículo 4º transitorio precedente y que no se encuentre aprobado o en trámite de aprobación a la fecha de promulgación de esta Ley.

Artículo 7º. La primera fijación de fórmulas tarifarias, según los procedimientos establecidos en el artículo 107º y siguientes para las empresas concesionarias de servicio público de distribución del país deberá efectuarse en el mes de Octubre de 1984.

Artículo 8º. Dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la fecha de publicación de la presente Ley, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción , con el informe de la Comisión fijará fórmulas tarifarias provisorias, para las empresas concesionarias de servicio público de distribución que operen en sistemas eléctricos de tamaño superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación. A partir de la publicación en el Diario Oficial del decreto que fije dichas fórmulas tarifarias provisorias, regirán los reajustes automáticos a que se refiere el artículo 114º de esta Ley. Mientras no se fijen las fórmulas tarifarias provisorias, las tarifas máximas que podrán aplicar dichas empresas serán las vigentes a la fecha de publicación de esta Ley, con los reajustes que establezca el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción .

Artículo 9º. Los reglamentos y normas técnicas vigentes a la fecha de promulgación de la presente Ley, conservarán su vigencia, en tanto no sean contrarios a esta última y mientras no se dicte la nueva reglamentación.

Artículo 10º. Los suministros que en virtud de la presente Ley pasen de régimen de precio fijado a precio libre, mantendrán por un período de un año precios no superiores a los que se fijen para suministros a usuarios de potencia conectada inferior o igual a 2.000 kilowatts.

Artículo 11º. En tanto no se dicten las normas y reglamentos sobre coordinación de la operación de sistemas eléctricos, que se mencionan en el artículo 81º, o se haya establecido un centro de despacho económico de carga en el Sistema Interconectado Central, los precios máximos aplicables a las transferencias de energía entre empresas generadoras que efectúen suministros sometidos a fijación de precios, y cuyos medios de generación se encuentren en operación a la fecha de promulgación de la presente Ley, se ceñirán a lo establecido en las resoluciones Nº15 y Nº16 de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 12º. Las solicitudes de concesión que se encuentren actualmente pendientes a la fecha de vigencia de la presente Ley, continuarán rigiéndose hasta su otorgamiento por las disposiciones del D.F.L. Nº4 del 24 de Julio de 1959, pero los derechos y obligaciones que ella origine se regirán por la presente Ley.

Artículo 13º. Para los efectos señalados en la letra o) del artículo 150º, y mientras la Superintendencia (3) no emita una nueva norma al respecto, se entenderá como un voltaje de alta tensión de distribución a cualquiera que sea superior a 400 volts e inferior a 23.000 volts.

Artículo 14 º.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese



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